Por el desarrollo de las negociaciones, o más bien por su interrupción, entre comisiones de diverso nivel de Bolivia y Chile, parece que la “agenda de trece puntos” ya no es una alternativa para la demanda boliviana de una costa soberana, que compense el vasto territorio apropiado por la invasión chilena en 1879. Se sigue hablando de diálogo, pero sin el entusiasmo de los meses pasados, y en los gobiernos de los dos países se prepara argumentos para una eventual disputa en tribunales internacionales.
El primero en cambiar de táctica debido a la reiteración de la diplomacia chilena de que no cederá soberanía en lo que considera su terriltorio y que ni siquiera se hablará de ella.
Ante esta situación, en los palacios de gobierno y las cancillerías parece haber una febril actividad. En Bolivia preparando una demanda y en Chile, la defensa del estado de las fronteras actuales.
Bolivia tiene toda la razón histórica, moral y desde todo punto de vista, para exigir su derecho a puerto soberano en el Pacífico y obtenerlo. Viendo este problema con simpleza, aparentemente nuestro país tiene todas las de ganar. Sin embargo, como sucede en muchos diferendos internacionales e incluso en tribunales de la justicia común, no siempre el que tiene la verdad sale victorioso. Puede suceder que el tribunal internacional falle a favor de quien tiene el más fuerte equipo de abogados, lobbystas expertos y dinero, mucho dinero.
En el caso de Chile y Bolivia, la diferencia de estos recursos y otros, es muy grande. Los chilenos tienen prácticamente lista su defensa desde hace décadas, formada por equipos de especialistas hábiles, eficientes relaciones internacionales, disponen de una diplomacia habilísima repartida por todo el mundo, y están dispuestos a invertir muchísimo dinero. Bolivia deberá recurrir a oficinas de abogados de otros países, que cobran honorarios altísimos, y evidentemente no representarán a su país, sino a un cliente al que cobrarán sin depender el resultado.
En estas condiciones, sin declararse pesimistas o dubitativos por el derecho marítimo, los bolivianos deben meditar profundamente la pertinencia de la demanda jurídica internacional y tener en cuenta que si el fallo es desfavorable, habrá terminado para siempre el derecho de reclamar la costa perdida en una injusta agresión bélica.
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