Es de esperar que una vez superados los conflictos, que ahora afectan al país, el Gobierno vuelva a otorgar a este tema la debida atención
El artículo 267 de la Constitución Política del Estado dispone que el “Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo” y que “la solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado Boliviano”.
Por otra parte, entre las atribuciones que se otorga al Presidente del Estado se encuentra la de “dirigir la política exterior; suscribir tratados internacionales; nombrar servidores públicos, diplomáticos y consulares de acuerdo a la ley; y admitir a los funcionarios extranjeros en general” (Art. 172/5) y que los tratados internacionales que impliquen cuestiones limítrofes requieren de su aprobación “mediante referendo popular vinculante” previo a su ratificación (Art. 257/II), y el artículo 260 dispone que la denuncia de los tratados internacionales “deberá ser aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional antes de ser ejecutada” por el Presidente del Estado.
Las referencias anteriores muestran que el cambio de estrategia anunciado por el Gobierno el pasado 23 de marzo para buscar una salida soberana al mar exige que, al necesario debate político que se propone desarrollar en el país, siga un riguroso proceso jurídico que es eminentemente técnico.
Para ello, es preciso especificar que el momento actual es consecuencia de que luego del inicial entusiasmo, por lo que se creía significaba inaugurar una presunta nueva época de relacionamiento internacional (denominada “diplomacia de los pueblos”), ha sobrevenido un sentimiento de frustración al constatarse que ha habido una diferente percepción del tiempo político entre los equipos boliviano y chileno para encarar la demanda marítima boliviana.
Esta inmersión en la realidad ha provocado que, en el ámbito donde se adoptan decisiones, se constate, finalmente, la necesidad de contar para el tratamiento de este medular tema boliviano con el aporte de los expresidentes del país y, más adelante, de los excancilleres y de expertos (de los que, más allá de simbólicas declaraciones, carece actualmente el Gobierno) para diseñar una estrategia de consenso que nos permita cumplir a plenitud el mandato constitucional mencionado.
Pero, esto será posible si, como se insiste en diversos ámbitos, por un lado, se destierra la improvisación y un artificial protagonismo, variables que siempre acechan peligrosamente el campo político; y se acepta, por otro lado, que si el objetivo es construir una estrategia nacional de largo plazo, lo que se requiere es acercar criterios divergentes, para lo cual se debe asumir que nadie tiene el monopolio del patriotismo ni del saber.
En este contexto, es de esperar que una vez superados los conflictos que ahora afectan al país, el Gobierno vuelva a otorgar a este tema la debida atención, más aún cuando tanto en Chile como en Perú –el que será, más temprano que tarde, el tercer invitado en estas negociaciones– hay una serie de eventos que de una u otra manera afectarán al desarrollo de las futuras relaciones en esta región del planeta.
En todo caso, no hay que olvidar que el tiempo corre…
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