domingo, 25 de marzo de 2018

Carlos Mesa destaca en su famosa "columna vertebral" que a Chile le está faltando "buena Fe" en la presentación de sus alegatos, y en general en su actuación frente a la Corte Internacional de Justicia dentro del proceso seguido por Bolivia en el reclamo por una salida soberana al Mar.

19 de marzo de 2018. Los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) entran solemnemente al gran salón del Palacio de la Paz en La Haya. El ujier acaba de anunciar “¡La Cour!”. Es un momento crucial en la larga historia del mar boliviano. 139 años después de la invasión del Litoral, 114 años después del Tratado de 1904, Chile está frente a los jueces. Su buque insignia, la intangibilidad del Tratado de 1904, fue hundido por el determinante fallo de estos que en 2015 precisaron cuál el único objeto de la controversia.
A pesar de ello, el Agente de Chile Claudio Grossman abrió el alegato de su país afirmando –una vez más– que el Tratado es el corazón del argumento chileno en este proceso. Nada quedó pendiente entre ambas naciones después de 1904, insistió, como si la Corte no hubiese dicho nunca una palabra sobre la cuestión.
Las dos líneas argumentales en debate quedaron claras en la primera fase de los alegatos. Bolivia propuso un núcleo de base: Chile tuvo una estrategia inequívoca después de la invasión y toma del Litoral, el esfuerzo por restañar la terrible herida con una oferta clara a Bolivia de concederle un acceso soberano al mar. Esa estrategia, pilar fundamental de la política exterior de Santiago, explica perfectamente porqué, a sabiendas del contenido del Tratado y al margen de éste, ofreció a Bolivia desde 1920 en adelante un acceso soberano al mar. Esa línea de acción se mantuvo de diversas formas y se llevó a cabo a través de diversos instrumentos. Bolivia, por su parte, a partir de 1910 inició una estrategia diplomática que fue inalterable en el tiempo en procura de recuperar un acceso soberano en el Pacífico.
La combinación de ambos caminos construyó una realidad en la que se combinó la voluntad política y la jurídica y que tejió una sucesión coherente y agregada de compromisos por parte de Chile. Esas promesas se expresaron reiteradamente en documentos que establecen una voluntad de concretar una acción cuyo resultado final es otorgarle a Bolivia un acceso soberano al mar.
A esos documentos solemnes e inequívocos (cuyo ejemplos más rotundos son las Notas Diplomáticas de 1950 y las negociaciones de Charaña en 1975-1978), dice Bolivia, se suman elementos complementarios y tan valiosos como las once resoluciones de la OEA y los principios universales de Naciones Unidas. Chile intenta desde hace algunos años negar esos compromisos y su valor. Pero por un principio jurídico, el estoppel, que establece que no se puede actuar contra los actos propios, Chile no puede –para ponerlo en términos populares– borrar con el codo lo que hizo con la mano durante casi un siglo.
Chile, por su parte, lo niega todo. Lo suyo –dice– fueron meras aproximaciones diplomáticas, cuando más hechos políticos de buena voluntad, no hay continuidad alguna en sus actos (1950 nada tiene que ver con 1975 ni con 1987, por ejemplo), sus compromisos explicitados tantas veces no fueron tales y, como si esto fuera poco, el contenido de lo propuesto por Bolivia no tiene relación alguna con el contenido de lo respondido por Chile. Cuando Bolivia dice: “proponer a V.E. que los gobiernos de Bolivia y Chile ingresen formalmente a una negociación directa para satisfacer la fundamental necesidad boliviana de obtener una salida propia y soberana al Océano Pacífico resolviendo así el problema de la mediterraneidad de Bolivia”, y Chile responde: “Tengo el honor de expresar a V.E. que mi gobierno será consecuente con esa posición y que, animado de un espíritu de fraternal amistad hacia Bolivia, está llano a entrar formalmente en una negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico, y a Chile obtener las compensaciones que no tengan carácter territorial y que consulten efectivamente sus intereses”… los abogados de Chile afirman sin una pizca de rubor que ambos textos expresan cosas diametralmente distintas y que, en ningún caso pueden entenderse como el inicio de una negociación formal entre las dos naciones…
El otro razonamiento notable es que Bolivia es responsable de la ruptura de las negociaciones (que, sin embargo y contradictoriamente Chile dice que nunca existieron). Así, por ejemplo, afirma que Bolivia echó por la borda Charaña al romper relaciones diplomáticas en 1978, pasando por alto lo evidente, que en 1976 Chile rechazó la contrapropuesta peruana y clausuró así cualquier opción de un acuerdo bloqueado por las condiciones de forzoso cumplimiento del Tratado de 1929.
Estas dos perlas bastan como ejemplo de una lógica que demuestra la mayor carencia de nuestro vecino: la buena fe. A Bolivia, que hizo una presentación sólida y coherente, le toca cerrar sus alegatos ratificando que la combinación de derecho y justicia son los dos elementos centrales sobre los que fallará la CIJ en los próximos meses

viernes, 23 de marzo de 2018

destaca Los Tiempos el apoyo a la gestión de Evo Morales en la Corte de Justicia. es realista cuando dice que cualquiera sea el resultado del memorable juicio que está lejos de concluir, consigue que Bolivia llame la atención ante el mundo de la Justicia de su causa. los pesimistas son pocos, la gran mayoría conserva el optimismo y la esperanza de una solución, así sea a largo plazo.l

Hoy, 23 de marzo, como desde hace 139 años, es una jornada que los bolivianos dedicamos a recordar que tenemos una cuenta pendiente con la historia. Es que más allá de cualquier otra consideración, a pesar del tiempo transcurrido y de las razonables objeciones, lo cierto es que esta fecha ha adquirido un valor simbólico que no se puede ni se debe soslayar.
Si eso ha sido así desde hace tanto tiempo, lo es ahora más que nunca porque la conmemoración coincide con la etapa culminante de la más seria batalla diplomática librada por nuestro representantes. En efecto, la estrategia adoptada por el gobierno del presidente Evo Morales, que consiste en demandar a Chile ante el Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, ha dado un giro a la casi sesquicentenaria búsqueda fallida de fórmulas capaces de satisfacer una demanda que consideramos justa y legítima.
Con esos antecedentes, es muy comprensible que la población boliviana, de manera muy poco menos que unánime, se haya alineado desde un principio con generosidad y reconocimiento tras la iniciativa enarbolada por el presidente Morales.
Sin embargo, y precisamente por todo lo anterior, con la misma convicción con que se aunaron voluntades alrededor de la demanda interpuesta en La Haya se advirtió desde un principio sobre el peligro de caer en la tentación de aprovechar la carga emotiva que este tema conlleva para ponerlo al servicio de afanes propagandísticos.
Tan importante como lo anterior es no perder vista la real magnitud de lo que se está jugando en la Corte de La Haya. No se debe olvidar que las frustraciones siempre son proporcionales a las expectativas que las preceden. Y como a medida que se acerca la hora de las definiciones parece tender a imponerse, principalmente en las filas gubernamentales, una corriente de ingenuo optimismo, no está demás recordar que, aún en la más optimista de las posibilidades, el fallo de La Haya no tendrá en sí mismo ningún efecto práctico.
En el mejor de los casos, asumiendo que la batalla de La Haya culmine con una victoria judicial para Bolivia, no habrá hecho más que sentar las bases de una negociación cuyos alcances se irán proyectando al menos durante los próximos años, si no décadas.
Que ese sea el mejor alcance posible de la batalla judicial de La Haya no es ni tanto como pretenden hacer creer los propaladores de un exagerado triunfalismo ni tan poco como sostienen los cultores del escepticismo y el pesimismo. Aunque sólo fuera una buena oportunidad para superar el lastre del victimismo sobre nuestra memoria colectiva, el esfuerzo habrá valido la pena.

sábado, 17 de marzo de 2018

Manfredo Kempff invita a reflexionar en este momento "cuando es la hora de pensar en serio" refiriéndose al tema tal cual está siendo tratado en La Haya. luego de historiar los acercamientos entrambos, como diplomático experimentado, anticiplando que el fallo de la CIJ se conocerá después de varios meses.

El año 1950, se acordó que Chile le entregaría a Bolivia un corredor “propio y soberano” sin compensaciones que tuvieran carácter territorial. Quedaba a la vista que la única compensación que Bolivia podía darle a Chile, sería agua, pero el agua no abunda en el altiplano, y si es de la cuenca del Titicaca no se la puede tocar porque existe el condominio con Perú. Mal podría la nación desviar aguas de esa cuenca.
Y como la política interna desbarató el éxito de Ostria Gutiérrez y en el país se había producido una sañuda campaña en contra de cualquier compensación de agua a Chile, quedó en el misterio la forma cómo Bolivia podía satisfacer a nuestros vecinos si estos nos daban una salida “propia y soberana” al Pacífico. Si no era territorio, ¿qué podía otorgar Bolivia como compensación? 
25 años después, Banzer y Pinochet restablecieron unas relaciones diplomáticas que estaban rotas desde 1961. Ambos mandatarios acordaron buscar soluciones a los “asuntos vitales” de las dos naciones, “como el relativo a la situación de mediterraneidad de Bolivia”. En el fondo no existían otros temas vitales que la cuestión marítima y con ese ánimo se reanudaron las relaciones. Bolivia propuso que Chile le cediera una costa marítima soberana entre la Línea de la Concordia y el límite del radio urbano de la ciudad de Arica. También expresó estar dispuesta a considerar los “aportes” que pudieran corresponder como parte del entendimiento. No se mencionó ni agua ni territorio, pero quedó claro que estaba dispuesta a compensar por la costa a recibir. Fue Chile quien al aceptar la cesión expresó que aquello estaría condicionado a un cambio simultáneo de territorios, con una superficie como mínimo equivalente al área de tierra y mar que cedería a Bolivia. En 1986 se repitió un intento similar que acabó sin apenas empezar con un carpetazo de Pinochet.
Veremos que dice el fallo de La Haya que se conocerá en los próximos meses, pero estimamos que exhortará a los dos países a negociar lealmente un arreglo. Presumimos que la decisión del Tribunal no impondrá criterios de cómo resolver el problema. Entonces, aproximarse a lo que parece más práctico y aceptable es esencial. Los bolivianos debemos buscar solucio-nes posibles, que se acerquen a la realidad. Nada vamos a conseguir con aspavientos patrioteros, ni con banderazos ni desfiles ni cánticos plañideros.
Hay que ser objetivos y saber medir las fuerzas. Salvo que prestemos oídos a las fantasías que hablan de que el 2025 nuestra economía habrá igualado a la chilena.

Lo único posible para tener un acceso soberano al mar es tomar el difícil camino del canje territorial. El senador chileno Guillier ya lo ha planteado sin ser oído porque el tema está a la espera del fallo de la Corte y no es oportuno hacer nada. Y difícil porque en Bolivia nunca gustó ninguna compensación con el razonable criterio de que los chilenos ya se llevaron 120.000 km2 y toda nuestra costa.
Complicado también porque los chilenos, a partir del primer Gobierno de Piñera, no quieren hablar de solucionar el enclaustramiento nacional y el Gobierno de Bolivia está haciendo todos los esfuerzos para que en Chile nos odien. Y muy difícil porque la solución soberana con continuidad territorial solo se puede dar al norte de Arica, lo que significa convencer a Perú de que no aplique la cláusula perversa del Tratado de Lima.