GUERRA DEL
PACÍFICO 1879
Artículo elaborado por Jorge Edgar Zambrana,
Ingeniero Civil de Bolivia, en base a lectura de investigaciones hechas por los
historiadores Jonatan Saona, del Perú, Rodolfo Becerra de la Roca, de Bolivia,
y Federico Diez de Medina, de Bolivia.
Bolivia NO declaró la guerra a Chile
La historia chilena afirma MENTIROSAMENTE que
fue Bolivia quien declara la guerra a Chile, a través del decreto de 1° de
marzo de 1879, que es consecuencia de la invasión militar chilena realizada en
Antofagasta el 14 de febrero del mismo año.
Apenas enterado el presidente Daza de la
ocupación chilena, el 26 de febrero firma dos decretos mediante el cual concede
amnistía a los bolivianos que por motivos políticos estuvieren enjuiciados o
fuera del país, y otro declarando a la patria en peligro. Mientras que el 1° de
marzo dispuso otras medidas como cortar todo comercio y comunicación con Chile,
la desocupación de chilenos del territorio nacional y el embargo de sus bienes.
Bolivia considera como un acto de guerra que
Chile está invadiendo a Bolivia y es por éso que se está preparando para
afrontarllo. Esto concuerda con su proclama del 26 de febrero donde dice:
"La guerra nos ha
sido impuesta sin que haya sobrevenido el rigor de causas belli, y al
contrario anticipando la amenaza al reclamo y la ruptura de tratados mixtos de
límites y derechos secundarios, a la gestión del cumplimiento de estos....
Limitándose Chile a ocupar el Litoral buscar forzarnos a la ofensiva. Bolivia
acepta la guerra sin provocarla."
Igualmente con su decreto de 1° de marzo de
1879 :
"Articulo 1º:
Queda cortado todo comercio
y comunicación con la República de Chile mientras dure la guerra que ha
promovido a Bolivia."
Como explica el historiador Jonatan Saona, si
se revisa el texto completo, no habla de declarar la guerra a Chile, sino de
tomar algunas medidas. Hay que recordar que una declaratoria de guerra es un
acto formal y debe ser claramente expresada y cumplir con los requisitos
previstos.
Una declaratoria de guerra sólo podía
autorizarla el Congreso mediante una ley, como lo hizo la ley del 5 de junio de
1863 durante el gobierno de José María de Achá. "Por la cometida usurpación de territorio, desde el Paposo o
Río Salado, hasta Mejillones…Se autoriza al Poder Ejecutivo para declarar la
guerra al Gobierno de la República de Chile, siempre que agotados todos los
medios conciliatorios de la diplomacia, no obtuviese la reivindicación del
territorio usurpado, o una solución pacífica, compatible con la dignidad
nacional...."
Entonces, sólo el Poder Legislativo tiene
facultad para autorizar una guerra. De igual manera fué en Chile; por éso el Congreso
chileno, mediante ley de 4 de abril, autorizó al Presidente Pinto declarar la
guerra al Perú y a Bolivia, la que se realizó el 05 de abril de 1879.
Esta formalidad está descrita en el artículo
54 de la Constitución boliviana de 1878, que estaba vigente antes de empezar la
guerra :
"CONSTITUCIÓN
POLITICA DEL ESTADO DE 1878
Sección octava. Del
Congreso.
Artículo 54.- Las cámaras
se reunirán en Congreso para los casos siguientes:
1. Para abrir y cerrar sus
sesiones.
2. Para verificar el
escrutinio de las actas de elección de Presidente y Vicepresidente de la
República; hacerlas por sí mismo cuando no resulten conforme a los Artículos
84, 85, 86 y 87.
3. Para recibir el
juramento de los funcionarios expresados en el párrafo anterior.
4. Para admitir o negar la
excusa de los mismos.
5. Para aprobar o negar los
tratados y convenios públicos celebrados por el Poder Ejecutivo.
6. Para reconsiderar las
leyes observadas por el Ejecutivo.
7. Para resolver la
declaratoria de guerra a petición del Ejecutivo.
8. Aprobar o desaprobar la
cuenta de hacienda que debe presentar el Ejecutivo.
9. Determinar el número de
la fuerza armada....
Sección duodécima. Del
poder ejecutivo.
Artículo 89.- Son
atribuciones del Presidente de la República:2. Dirigir las operaciones de la
guerra declarada por una ley y mandar personalmente las fuerzas, observando
lo dispuesto en el Artículo 77. En tiempo de paz tiene el comando de las
fuerzas de línea y de la guardia nacional conforme a las leyes y ordenanzas que
dicte el Congreso."
Hilarión Daza dio varios decretos para
afrontar la guerra que en los hechos ya había empezado, pero no presentó ningún
proyecto de declaración de guerra a Chile, ni tampoco fue aprobado por el
Congreso boliviano, tal como sí ocurrió en la declaratoria chilena a los
aliados.
Si revisamos el Contra-Manifiesto que dirige
a las Potencias amigas el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, en
Marzo del mismo año, dice lo siguiente:
« Los acontecimiento harto
trascendentales y de creciente importancia para el Continente Americano, que
vienen sucediéndose con marcados caracteres de violencia y de escándalo desde
el 14 de Febrero último, me pone en la penosa necesidad de dirigirme á V. E.
para manifestarle ligeramente la injusticia y ultrajante audacia con que el
Gobierno de Chile ocupó a mano armada la parte del litoral boliviano
comprendido entre los grados 23 y 24 de latitud austral, haciendo presa de las
importantes poblaciones de Antofagasta, Mejillones y Caracoles, tres fuentes de
riqueza por sus productos naturales de salitres, guano, metales de plata y de
cobre y otras muchas sustancias... La agresión de Chile en plena paz,
sin previa declaración de guerra ni otro trámite, y pendientes aún las
negociaciones entabladas en esta ciudad por el encargado de Negocios del
Gobierno chileno, no ha podido menos de sorprender á mi Gobierno y tomarle
plenamente desprevenido... »
Además el mismo Hilarión Daza, dice en su
proclama del 30 de marzo y refiriéndose a la ocupación del litoral boliviano. "El
nuevo atentado se ha consumado bajo el falso y ridículo pretexto de que Bolivia
ha declarado la guerra, importa la más irritante de las provocaciones.
Bolivia no ha sido la agresora; ha recogido el reto de guerra que se le ha
lanzado".
Revisando el libro de "Sesiones Secretas
del Senado de Chile durante la GDP" se puede leer que el Senado
chileno autoriza al Presidente a declarar la guerra a Bolivia en la sesión del
24 de marzo de 1879 "art 2- El Congreso presta su aprobación para que
el Presidente de la República declare la guerra al Gobierno de
Bolivia..." y que en la sesión del 26 de marzo de 1879, Vergara
dice :
"que los aprestos
bélicos de ese país (Perú) no tenían aún el carácter decidido de hostilizar a
Chile, que el Perú podía legitimizar esos aprestos con la perspectiva de una
guerra entre Chile y Bolivia, alegando que al hacerlo no era más que para
obtener que se respetaran sus derechos de neutral por cualquiera de los
beligerantes que pretendiera violarlos; que no creía que Perú se asilase en la
sutil excusa de no haber aún formal declaración de guerra de Chile
contra Bolivia, ni de Bolivia contra Chile, para legitimar sus aprestos
bélicos..."
El argumento mañoso chileno que señala que
Bolivia declaró la guerra a Chile, le sirvió como justificación para invadir
más territorio al norte del paralelo 23 que no estaba en disputa. Recién el 05
de abril de 1879 es cuando Chile realiza de forma oficial la declaratoria de
guerra, tanto a Bolivia como al Perú.
En resumen,
tal como hace notar el historiador Rodolfo Becerra de la Roca, después del
asalto chileno a Antofagasta, el 14 de febrero de 1879, en los momentos más
dramáticos que atravesaba Bolivia, y conocidas las ocupaciones de Mejillones y
Caracoles, el Gobierno del Gral. Hilarión Daza adoptó medidas precautorias
declarando a la Patria en peligro y concediendo amnistía amplia e irrestricta,
dictando para el efecto los decretos de 26 de febrero de 1879; y mediante el
decreto de 1 de marzo siguiente, dispuso otras medidas defensivas, como la de
cortar todo comercio y comunicación con Chile, la desocupación de chilenos, el
embargo de sus bienes, excepto sus papeles privados, equipaje y artículos y
menaje particular, en tanto las empresas mineras podían continuar su giro a
cargo de un administrador, cuyos productos netos debían ser empozados en el
Tesoro Nacional. Pero ninguno de sus artículos habla de una declaratoria de
guerra, ni siquiera se menciona esta palabra. Otro decreto de la misma fecha
dispuso el descuento de sueldos de los empleados civiles y eclesiásticos para
repeler la agresión chilena.
La declaratoria de guerra solo podía
disponerla el Congreso mediante una ley, como la que dictó el 5 de junio de
1863 el Gobierno del Gral. José María de Achá y que fue abrogada por el Gral.
Mariano Melgarejo, para dar curso a las negociaciones del Tratado de 1866. Sin
embargo, la historiografía chilena, tan hábil para tergiversar los hechos según
sus conveniencias y mostrar los acontecimientos según plazca a sus intereses,
ha declamado que con el citado decreto de 1 de marzo de 1879, Bolivia le
declaró la guerra. ¡Falacia que los historiadores bolivianos han cacareado,
remedando esta falsedad del agresor!
Entonces es fundamento principal que solo el
Poder Legislativo tiene facultad para declarar o autorizar una guerra. Así lo
hizo el Congreso de Chile, mediante ley de 4 de abril de 1879 que autorizó al
Presidente de Chile declarar la guerra al Perú y a Bolivia, lo que se
efectivizó mediante decreto del día siguiente. Es tan evidente la mentira
chilena que examinando el decreto de 1 de marzo citado, en ninguna parte de su
texto menciona la palabra guerra, dice:
“Que el gobierno de Chile ha invadido de
hecho el territorio nacional, sin observar las reglas del derecho de gentes, ni
las prácticas de los pueblos civilizados, espulsando violentamente a las
autoridades nacionales, residentes en el departamento de Cobija. El gobierno de
Bolivia se encuentra en el deber de dictar las medidas enérgicas que la
gravedad de la situación exige, sin apartarse, no obstante, de los principios
que consagra el derecho público de las naciones”.
La mentira chilena queda, pues, evidenciada
por la expresa disposición eminentemente defensiva del decreto; porque un país
invadido a mansalva, no podía quedarse quieto sin preparar su defensa.
Después de adoptar dichas disposiciones de
defensa, el pequeño y pobremente armado ejército boliviano acudió a Tacna, en
cumplimiento del Tratado de Alianza defensivo que suscribió con el Perú en
1873, con los resultados de descalabro que se sucedieron por la incapacidad de
los mandos militares, una carencia de estrategia, errores logísticos y tácticos
y una ausencia de espíritu de alianza.
Chile se apoderó del litoral boliviano como
el ladrón que atraca en el camino a un indefenso, porque el ejército boliviano
fue abatido en defensa del aliado en tierra peruana. La historia de la Guerra
del Pacífico se ha escrito sobre la base de mitos, falsedades y mentiras
tejidas astutamente por los historiadores chilenos.
Chile inventó el fraude de una inexistente
declaratoria de guerra por parte de Bolivia, valiéndose del decreto de 1 de
marzo, como pretexto para invadir más territorio al norte del Paralelo 23;
ocupó Caracoles el 18 de marzo, Cobija el 21 y enseguida Tocopilla, asolando
después Calama el día glorioso del 23.
Si en principio el Paralelo 23 fue el límite
de la ambición de Chile, enseguida se envalentonaron los chilenos para
proseguir la ocupación del resto del departamento del Litoral, manifestando
mañudamente en todas aquellas poblaciones que la ocupación sería transitoria.
La astucia y el fraude chilenos no tuvieron límites en esa invasión nefasta y
cobarde.
"El Comercio", diario boliviano de 1879
En su edición del viernes 28 de febrero de
1879, el diario "El Comercio" de La Paz (Bolivia), dió al pueblo
boliviano la siguiente noticia :
EL 14 de febrero tropas chilenas han tomado
por asalto el puerto de Antofagasta. Mejillones y Caracoles en poder del
invasor. Denunciamos ante el Mundo el cobarde crimen. Bolivia acepta la Guerra
sin provocarla.
Todo el pueblo con el Gobierno para defender la Patria.
¡Viva Bolivia! ¡Viva el Perú! ¡Abajo Chile!
Mueran los cobardes araucanos, porque su
puñal ha rasgado nuestra hermosa tricolor, porque salvajes han consumado el
crímen más infame en el suelo bendito de la Patria. Antofagasta, Mejillones,
Caracoles, pueblos inermes, han caído a los pies de nuestros verdugos, bajo el
poder estúpido de la conquista, de una conquista en el siglo XIX...! ¡A las
armas, a las armas, ciudadanos!
Vamos a defender los sagrados derechos de
esta patria amada; corramos a reconquistar nuestra autonomía nacional. Nada
importa la fuerza de nuestros enemigos. Nuestro patriotismo nos basta para
vencer. Somos bolivianos y corre en nuestras venas la sangre de Murillo. Pues
bien; vamos a vencer o morir.
La América estará con nosotros para sepultar a ese pueblo de Caín, porque la
causa de América ha sido vilmente traicionada con ese escándalo inaudito. Y no
hay momento que perder. Seamos fuertes por la unión, que el estandarte de dos pueblos
hermanos ha de ostentar una vez más las glorias de su pasado.
Ante
la patria ensangrentada por la aleve cuchilla de sus menguados asesinos,
juramos vencer o morir... A las armas bolivianos, y atrás las disensiones de
nuestra política interior.
Dios
bendice nuestra causa : no haya pues más
bandera que la bandera de la patria.
Levantémosla y a su sombra marchemos todos a cumplir el más sagrado de nuestros
deberes. ¡Morir antes que esclavos vivir! ¡Somos libres, seámoslo siempre!
El historiador chileno Benjamín Vicuña
Mackenna, en su “Historia de la Guerra del Pacífico”, reconoce que la
codicia de Chile por el litoral boliviano fue lo que condujo a la invasión
chilena : «Habría sido, a la verdad, cosa imposible evitar que el litoral
boliviano pase a ser territorio chileno, como lo habría sido alcanzar que
California hubiese permanecido bajo la bandera de Méjico después del
descubrimiento de oro y la consiguiente ocupación civil ejecutada por los
norteamericanos».
Tómese nota de la siguiente información,
tomada de una extensa Circular emitida por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Bolivia en 1901: "La Compañía de Salitres de Antofagasta
había obtenido mediante dos concesiones, una del Ministro Plenipotenciario de
Bolivia en Chile, y otra del gobierno boliviano, ambas bajo la administración
del general Melgarejo, una adjudicación ilimitada y gratuita de tierras y
salitreras que, según ella pretendía entonces, debía comprender todo el
Desierto de Atacama”.
"Esa adjudicación llevaba ya en sí un
germen de evidente nulidad, por haberse prescindido, al otorgarla, de todos los
preceptos legales establecidos para las concesiones de tierras, minerales y
privilegios”.
"Derrocado el gobierno de Melgarejo, fue
declarada, por Ley de 9 de agosto de 1871, la nulidad de todas las
adjudicaciones hechas por el gobierno anterior sin los requisitos exigidos por
las leyes vigentes”.
"A su vez, la Ley de 22 de noviembre de
1872, en su artículo 1º, determinó que las reclamaciones relativas a concesiones
o contratos celebrados con el gobierno serían entabladas ante la Corte Suprema
de Justicia; y en su artículo 2º autorizó al Ejecutivo para transigir sobre
indemnizaciones y otras reclamaciones que existiesen contra el Estado, con
cargo de dar cuenta al próximo Congreso”.
"La Compañía salitrera, representada
entonces por Melbourne Clark y Cia., vió así, cuando menos lo esperaba,
desautorizadas sus amplias concesiones y privilegios; pero evitó recurrir, como
habría sido lógico y natural, a la Corte Suprema, sin duda, a causa de no
encontrar ella misma legales y ni muy valederos sus derechos; y a fin de
restablecer y asegurar la validez de éstos, se dirigió al nuevo gobierno, el
cual acogiendo la solicitud, y por Resolución de 30 de abril del 72, expidió la
concesión solicitada, modificando en algunas partes la anteriormente hecha y
anulada”.
"Entonces la Compañía [Melbourne Clark y
Compañía] recurrió al medio de vender y transferir todos los derechos que le
reconocía esa Resolución Suprema a la Compañía de Salitres y Ferrocarril Antofagasta], con más --decía la escritura-- los que pudiera llegar a obtener mediante la
reclamación que tiene hecha ante el gobierno de Chile”.
"Con tal hecho reconocía implícitamente
la legalidad y competencia del gobierno boliviano, que le había otorgado la
concesión; y, sin embargo, recurría al gobierno de Chile reclamando la parte
que no había podido obtener de aquél”.
"Con ese extraño documento presentóse la
compañía ante el gobierno de Bolivia, proponiéndole una transacción, que fue
aceptada por Suprema Resolución de 27 de noviembre de 1873 en virtud de la Ley
de autorización que acaba de citarse”.
"Como dicha Ley imponía al gobierno la
condición de someter sus decisiones a la aprobación del próximo Congreso, se
arribó al cumplimiento de esta prescripción legal”.
"El Congreso examinó la transacción o
nueva concesión que le era presentada, y sin embargo de encontrarla harto
inconveniente y lesiva a los intereses generales, la aprobó; pero con la
condición de pagarse el pequeñísimo impuesto de 10 centavos por quintal de
salitre exportado”.
"La Compañía, a quien no había agradado
la resolución, en vez de reclamar de ella ante la Corte suprema, como era
procedente, evitó, como en anterior ocasión, reclamar y mostrar la legalidad de
sus derechos ante la justicia del país, y recurrió de nuevo al gobierno de
Chile”.
"Salta a la vista lo irregular y
contradictorio de la conducta de la Compañía observada : si había aceptado la Ley de autorización de
22 de noviembre del 72, celebrando en virtud de ella, la transacción de 27 de
noviembre del 73, claro es que se había sometido igualmente al precepto
complementario establecido por esa misma Ley, de ser llevada la transacción a
la aprobación del próximo Congreso”.
"Producida esa aprobación, de una manera
condicional, forzoso era también, o someterse a ella, como era natural, puesto
que el gravamen allí determinado era insignificante, o recurrir en justicia,
ante la Corte Suprema”.
"Y nótese bien en este punto, que el
ponderado, establecido por esa aprobación, fue de diez centavos, por los cuales
elevó la Compañía su queja al gobierno chileno; y que éste, muy poco después, y
cuando llegó a ocupar ese territorio, elevó el impuesto a 1 peso más 50
centavos, esto es, quince veces más, sin que entonces la Compañía hiciera
objeción alguna”. "Tal hecho
constituye por sí, la más clara y elocuente prueba que pudiera darse, de que el
impuesto de diez centavos no era, ni pudo ser de modo alguno, perjudicial ni mucho
menos ruinoso, como se decía, a la empresa de Salitres; puesto que el gravamen
chileno, quince veces mayor, no ha podido estorbar su acrecentamiento, ni aún
mermar siquiera los grandes provechos obtenidos del negocio por los
empresarios”.
"No había pues razón alguna para que
Chile tomara tan a pecho y de su cuenta, la exigencia de suprimir un impuesto
que muy luego debía él mismo subir a más del décuplo de su taza”.
"Muéstrase, por tanto, a la faz de todo
buen criterio que tal impuesto no pudo jamás constituir por sí, una causa
legítima, ni bastante, para provocar una reclamación diplomática y hacer
estallar una guerra internacional; mucho menos, si había de ser ella librada
entre dos pueblos hermanos"
(Federico
Diez de Medina, Circular a las Legaciones de Bolivia en el Extranjero,
Ministerio de Relaciones Exteriores,
La Paz, enero 23 de 1901
).
De todos modos, el
Tratado de 1874 incluía una cláusula de arbitraje para casos de discrepancias
como la presente. El gobierno chileno prefirió invadir a Bolivia en lugar del
dicho arbitraje, acción que demuestra a todas luces la política expansionista y
usurpadora promovida por el capital del imperio inglés de ese entonces, quien
procedió a financiar el armamento y los barcos blindados que el ejército
chileno utilizó para la agresión.
Transcribimos in
extenso, a continuación, un análisis al respecto, cuyo autor es un prestigioso
abogado e historiador boliviano :
Abusiva resolución
del Tratado de 1874 por Chile. Rodolfo Becerra de la Roca
Chile planificó detenidamente la invasión de 1879 a territorio boliviano y
para apropiarse de él se devanó los sesos, como dijo don Aquiles Vergara
Vicuña, resucitando “una insólita aspiración reivindicatoria, tan ajena a la
realidad de los hechos como vacía de la más pobre razón !... sostuvo entonces
la tesis ardidosa de que Bolivia había violado el tratado de 1874” y dispuso la
Resolución de este tratado y “la consiguiente ocupación del territorio que
media entre los paralelos 23 y 24 de latitud sur”, mediante su Ley de 5 de
abril de 1879.
Partamos del concepto de que la resolución deja sin efecto un vínculo
jurídico. En este caso Chile no tenía facultad mediante la citada ley para
dejar sin efecto, por sí y ante sí, un tratado solemne celebrado con Bolivia el
6 de agosto de 1874, hecho unilateral, absolutamente antijurídico e ilícito,
realizado sin tener autonomía para desconocerlo. Este brutal atentado fue cumplido por el
omnipotente Estado chileno, campeón hoy de la intangibilidad de los tratados !!
Jurídicamente, la resolución se extiende solamente a los contratos
sinalagmáticos, es decir cuando la convención contiene prestaciones recíprocas.
Y el Tratado de 1874 no contiene esa reciprocidad de obligaciones, donde Chile
solamente es beneficiario. En su artículo I ratifica el límite entre los dos
Estados en el paralelo 24, que ya había sido determinado por el Tratado de 1866
y el Protocolo de 1872, considerándose este artículo definitivo y que su
validez no depende de las subsiguientes cláusulas o artículos. El Art. II es
una declaración sobre fijación de las líneas de los paralelos 24 y 23. El Art.
III es un acuerdo sobre partición por mitad de los depósitos de guano en el
perímetro anterior que, por el Tratado complementario de 21 de julio de 1875, se
aclara que alcanza al paralelo 25. El Art. IV es una obligación unilateral de
Bolivia, por el que los derechos de exportación sobre minerales explotados en
la zona indicada no excederán la cuota de la que actualmente se cobra, por el
término de 25 años.
Este es el punto, que en el Tratado de 1874 no existe reciprocidad de
obligación por parte de Chile, para que por su propia cuenta, con la
prepotencia que le dieron sus cañones, deje sin efecto el Tratado que no
contempla ninguna interdependencia con la cláusula I, que es autónoma al margen
de las modificaciones que podían sobrevenir a las demás cláusulas.
El hecho de que Bolivia haya promulgado la Ley de 14 de febrero de 1878,
aprobando la transacción de 27 de noviembre de 1873 con la compañía anónima de Salitres
y Ferrocarril de Antofagasta, a condición de hacer efectivo un gravamen de 10
centavos por quintal de salitre exportado, no incumplió el Art. IV del Tratado
de 1874 -como ya demostramos en notas anteriores- porque dicha transacción en
su Base 4ª le exencionaba del pago de derechos de exportación y otros fiscales
y municipales, de suerte que la anglochilena explotaba gratuitamente el
salitre; lo que evidencia que el gravamen de 10 centavos no contradecía el
Tratado que supone, más bien, que las exportaciones pagaban derechos; máxime si
la transacción de 27 de noviembre de 1873, estaba fuera del alcance del
precitado tratado.
El Tratado de 1874 no contiene insertada ninguna cláusula resolutoria o
pacto comisorio. Por eso Chile nunca podía por sí mismo invalidarlo. En su
caso, el supuesto incumplimiento del Art. IV del Tratado correspondía
demandarlo por vía de arbitraje, que expresamente se estableció en el Tratado
complementario de 1875.
Para mayor claridad, anotamos que el Tratado de 6 de agosto de 1874 está
concluido enteramente en beneficio de Chile, sin una contraprestación a favor
de Bolivia. En efecto: a) Le cedió territorio al sur del paralelo 24 hasta el
25°28’. b) El nuevo límite oriental en el paralelo 24 señalado en el divortia
aquarum extiende territorio a su favor. c) La medianería sólo a él le favorece.
d) El congelamiento de los derechos de exportación por 25 años igualmente. e)
La exención de impuestos de internación a sus productos naturales únicamente a
él le benefició. f) La habilitación permanente de los puertos de Mejillones y
Antofagasta es una obligación de Bolivia. En resumen Chile en el Tratado no
tenía obligación alguna. ¡Solamente beneficios!
Y tenemos que Chile, embravecido con sus dos nuevos acorazados, tuvo el
descaro de decretar la resolución del Tratado, como si fuera un contrato
sinalagmático, pasando por encima del arbitraje estatuido.
El Tratado de 1874 es, pues, un contrato de beneficio unilateral, no
susceptible de resolución, menos por parte del beneficiario. ¡Hechos como éste,
los insignes gobernantes y juristas de Bolivia no alegaron en aquella época
infausta, tampoco a tiempo de negociar el oprobioso tratado de 1904, ni
después! No obstante, es cuestión que debe tenerse en cuenta en la reclamación
de nuestra reivindicación marítima.
Es muy lamentable tener que recordar que el embajador de
Chile en La Paz , el 13 de Agosto de 1900, nos escupió en la cara su célebre
brulote sin parangón en los anales diplomáticos de América, manifestando : “ El
antiguo litoral boliviano es y será para siempre de Chile, quien lo ha ocupado
y se ha apoderado del mismo con el mismo título con que Alemania se anexó las
provincias francesas de Alsacia y Lorena,
con el mismo título con que los EE.UU. han tomado Puerto Rico. Nuestros “derechos” nacen de la fuerza bruta
agresora y victoriosa, la ley suprema de las naciones. El litoral es rico y
vale muchos millones; eso ya lo sabíamos; lo guardamos porque vale; que si no
valiera no habría interés en su conservación. Chile no debe nada, ni está
obligado a nada, mucho menos a devolver un puerto ”.
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Considerando que el tema da para largo, concluimos que: 1) Bolivia siempre tuvo acceso propio y
directo al mar en el período colonial;
2) Chile, al invadir Antofagasta, retrotrajo la situación al estado
inicial antes del tratado de 1874, quedando por lo tanto incólume hasta la
fecha la vigencia del tratado del 10 de Agosto de 1866; y 3) La casta
gobernante boliviana sucumbió al soborno vergonzoso, tal como Melgarejo a la
lisonja y adulación, y con resultados más catastróficos, puesto que el
tratado de 1904 ha sido mil veces más perjudicial que el de 1866. Según el Pacto de
Tregua de 1884, el Departamento del Litoral de Bolivia pasó a ser “territorio
ocupado temporalmente” por la guerra.
¿ A santo de qué, después en 1904, se convirtió en territorio bajo
“dominio absoluto y perpetuo” de Chile ?. Dolosamente, se ha sustituido la
ocupación con el dominio y no es legítimo que
esa letra sea en la práctica una condena al enclaustramiento perpetuo de un
Estado que, como el boliviano, merece por derecho propio contar con sus
vitales puertos soberanos que coadyuven a su proceso de crecimiento y
desarrollo.
Chile ha obtenido nuestra riqueza mediante el despojo y la ley
filibustera de que la agresión y la victoria da derechos, y los bolivianos
seguimos embaucados con la fraseología de la confianza mutua y esperando la
limosna de la “cualidad marítima” que el soberbio agresor tenga a bien
concedernos en una negociación por un corredor inservible sin puerto al norte
de Arica.
Vergüenza debería
dar a diplomáticos, militares y excancilleres, quienes quieren trocar mar por
recursos naturales o por mayores enajenaciones territoriales, satisfaciendo
con más regalos la eterna codicia del usurpador de siempre.
El gobierno boliviano debería impugnar la política de
la Corte de La Haya y del Pacto de Bogotá, impuesta por las grandes potencias
a su conveniencia, donde impiden que la Corte de Justicia pueda revisar
tratados internacionales impuestos a la fuerza, como el de 1904, lo cual va
en contra de los derechos del pueblo de Bolivia. Sabemos que el cambio de una
situación de esta naturaleza, por la vía ética o jurídica, es sumamente
difícil. No obstante, las embajadas bolivianas deben publicar por todos los
medios la escandalosa usurpación de 1879, y Bolivia debe proceder a buscar
aliados en su justa demanda, ya que cualquier negociación con Chile
siempre será un fracaso, porque debemos darnos cuenta que el trato bilateral NUNCA ha
encontrado ni la más remota intención de reparación por parte de Chile al
daño causado con su asalto invasor.
Sin embargo, como de costumbre, se manifiesta la deficiente e ingenua
diplomacia boliviana, al escuchar al desubicado exministro
de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien expresó que “En
el caso de Bolivia y Chile tenemos que resolver nuestros problemas sin
acogernos, sin buscar un protector imperial, tenemos que ser capaces de
resolver entre los pueblos, sin buscar a alguien que nos proteja, a alguien
que nos de una fuerza externa, a alguien que proyecte una señal de poder, de
fuerza” .
En
cambio, el pasado 20 de Septiembre 2015, el descarado y lengua larga ministro
de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, enfatizó que “Tarde o
temprano Bolivia tendrá que convencerse de que no podrá obligarnos a
cederle territorio”. “Bolivia
no podrá celebrar nada porque no tendrá un centímetro de territorio nacional
de acceso soberano al mar”. Muñoz añadió que “lo que el
gobierno boliviano le ha prometido a su gente es que conseguirán acceso
soberano al mar”. El canciller aseguró que “la demanda boliviana, al
buscar que Chile sea obligado a darle una salida soberana por nuestro
territorio, lo que realmente persigue es modificar los límites pactados en el
Tratado de 1904. Es decir, simple y llanamente Bolivia pretende que
Chile le transfiera territorio soberano, lo cual rechazamos”. En esa línea y consultado por la campaña
mediática que realizó Morales indicando que el papa Francisco apoyaba la causa, Muñoz sostuvo que “las palabras
del Papa, fueron expresiones propias de un pastor, ajenas al caso en La
Haya”. “Debemos estar tranquilos, porque el argumento nuestro es que el
tratado limítrofe está plenamente vigente y Chile ha cumplido con el mismo”.
“Ellos van a seguir, con o sin fallo
de La Haya, en una actitud muy de descalificación hacia Chile, de mucha
mentira y tratando de buscar algo que por la vía bilateral no van a
conseguir nunca, que es tener un acceso soberano al mar”, concluyó la
autoridad.
Los bolivianos, de
lo que tenemos que convencernos es de que los alcances de un fallo de la
Corte de La Haya, para una obligación a negociar un puerto soberano,
seguramente no serán bien establecidos, y menos esa negociación será
necesariamente favorable a la parte demandante, ya que el cumplimiento del
fallo estará a merced de la voluntad de Chile, a quien nadie le puede
obligar.
Los expresidentes y actuales voceros de ambos países, Ricardo Lagos y
Carlos Mesa, son partidarios del inservible corredor al norte de Arica, que
fué anteriormente conversado por los dictadores Pinochet y Bánzer, en una
negociación, por suerte, fracasada; callejón que constituye un plato de
lentejas, en lugar del legítimo derecho de los bolivianos a que les devuelvan
sus puertos ancestrales en el Océano Pacífico.
Chile, hasta 1879 fue un país de pobres (a pesar de tener en su
territorio enormes yacimientos de oro que competían con el de California),
aprisionado entre la cordillera y el mar, y anhelaba ensanchar sus dominios
mediante la invasión de las tierras boliviana y peruana en las cuales se
atesoraba riquezas incalculables. Para la adquisición de dichos codiciados
litorales dirigió todas sus energías y los recursos de sus fuerzas militares,
y para ello consiguió el apoyo financiero del imperio inglés de esa época,
pactando con ellos que luego del triunfo bélico llevado a cabo con armamento
y barcos de guerra proporcionados por los anglosajones, se dividirían a
mitades toda la riqueza usurpada. Y así fué. En la conciencia del pueblo
chileno ya estaba arraigada la errada convicción de que sus capitales y sus
brazos empleados en la explotación clandestina del desierto boliviano de
Atacama les daba derecho a ocupar y disponer de territorio ajeno, gracias a
los tratados fraudulentos arrancados al ignorante y beodo soldado Melgarejo a
quien un golpe afortunado de cuartel llevó al poder, dándole el gobierno
discrecional del interés de Bolivia, bajo la mirada de palco de los
latifundistas oligarcas bolivianos, quienes estaban contentos viviendo
dictatorialmente explotando al “indio pongo” aymara y quechua, e
importándoles un comino el alejado litoral.
Melgarejo no fué, en honor a la verdad, el monstruo
ignorante que, según ha pasado a la historia, surgió de la nada, sembró la
destrucción y volvió a la nada otra vez. Su carácter constituyó el producto
lógico de la educación cuartelera y el halago comprometedor y sostenido de
las gentes ricas de la oligarquía latifundista dominante. El tirano despojó
de sus tierras ancestrales a los campesinos, a favor del latifundismo, y
mantuvo y aumentó el bárbaro y dictatorial tributo indigenal de modo de
arbitrar fondos para un Fisco continuamente paupérrimo por la necesidad de
mantener al ejército y tenerlo contento, de modo de perpetuar en el poder a
la clase dominante.
El presupuesto nacional de Bolivia, y del cual no le
tocaba nada al campesino, se generaba en gran parte del tributo extraído al
mismo pobre comunario, quien carecía del derecho a opinar, aunque era el
único que pagaba impuestos, además de ser el principal productor cultivando
la tierra y laborando las minas gratuitamente, además de servir como esclavo
en las haciendas terratenientes sin recibir ningún salario, mientras los
chilenos aprovechaban nuestra riqueza sin impedimento, ante la negligencia de
la oligarquía gobernante boliviana que contemplaba de palco el despojo. Toda
la nación boliviana vivía del tributo de las familias “indias”, mientras los
chilenos invadían nuestro litoral y usurpaban impunemente nuestros recursos
exportándolos a Europa y EEUU con lo que llenaban el 85% de su presupuesto
estatal.
Actualmente, la oligarquía y pueblo chilenos de ninguna manera querrán
soltar su presa. Su convicción actual es que no pueden devolver a Bolivia el
litoral arrebatado, después de su triunfo militar y la posesión de ese
territorio, lleno de salitre, guano, cobre, plata, litio, yodo, bórax,
azufre, molibdeno, oro y demás riquezas marítimas.
Ya en 1880, el prestigioso diario chileno, “La Patria”, de Valparaíso,
declaraba honestamente: “La guerra que Chile hace al Perú y Bolivia, no es en
defensa de algún derecho o ideal; es agresión de mercaderes y banqueros que
atentan contra las riquezas de aquellas naciones”.
Hoy en día, Chile quiere acallar las voces bolivianas y extranjeras que
claman porque se repare la injusticia devolviendo lo usurpado. La oligarquía
chilena desea terminar con los reclamos, dándonos un plato de lentejas, y
esta vez con la ayuda de los jueces de la Corte de La Haya, quienes
seguramente van a fallar que ambos países negocien un corredor al norte de
Arica, sin puerto, y con la ingenua aquiescencia de los incautos negociadores
bolivianos. Se trata de la eterna confrontación entre el gato y el ratón.
Como la
Corte, de acuerdo a la respuesta de Bolivia al juez Owada, no ha establecido
obligación predeterminada de resultado, es decir no indica cuál será el
acceso soberano, dejando su definición para la etapa de la negociación,
entonces nos preguntamos ¿ cuál será el nuevo regalito que chile
le exigirá a Bolivia a cambio de
un callejón inservible sin puerto al norte de Arica?. Y si Perú también exigirá su parte, además
de las servidumbres que tiene en Arica, entonces ¿qué es lo que ha estado
festejando hasta hoy Bolivia?. Creo que el gato nuevamente le puede ganar la
partida al ratoncito. ¿ Qué es lo que van a charlar los gobiernos de Bolivia
y Chile ? ¿ Quiere el ratón ofrecer
gas a precio “solidario” ? ¿O energía
eléctrica y agua dulce a precio de gallina muerta? . ¿Se estará el gato antojando algún
truequecito territorial? ¿O estará mirando
codicioso al litio del salar de Uyuni?.
¿Qué pasará con el manantial Silala que comienza en la zona sur de
Bolivia y actualmente desemboca en Chile debido a un desvío prepotente e
impune que ha realizado el ejército chileno en una nueva invasión a la cual
el debilucho ejército boliviano hace la vista gorda? ¿Y la mitad del río
Lauca que ya nos han usurpado? .
¿Estará Chile deseando un gasoducto para que Bolivia le abastezca con
gas barato?. El pueblo boliviano no
debe descuidarse; sino, el retorno al mar con puerto soberano se puede quedar para cuando las ranas
crien pelo o cuando los burros vuelen. Debemos desconfiar del
mentado Consejo Consultivo de expresidentes y excancilleres chilenófilos que
asesoran al gobierno boliviano. No obstante, hay que recordar que el año 1926
el secretario de Estado de Estados Unidos, Frank
Kellogg, supo ver que el problema del enclaustramiento marítimo boliviano era
una cuestión de interés continental, y así lo demuestra una revisión
histórica de las negociaciones por la soberanía de Tacna y Arica entre Perú y
Chile, las cuales fueron mediadas por EEUU. El ministro Kellogg del
gobierno de Estados Unidos propuso que Tacna y Arica pasen a soberanía
boliviana a cambio de compensaciones a Chile y a Perú. Chile respondió a esa
propuesta planteando que había posibilidad de entregar una franja de
territorio a Bolivia, libre y voluntariamente por el interés americano,
renunciando a pretensiones de compensaciones de cualquier tipo. Perú, como buen perro del hortelano, se opuso a que Chile
ceda los territorios de Tacna y Arica a nadie, ni por compra, ni de otro
modo, porque dijo que “tenía derechos sobre aquéllos, y no puede convertirlos
en mercancía sujeta a precio, por grande que ésta sea”, dijo su comunicación
oficial. Sin embargo, la declaración
chilena fue una promesa, que la Corte de La Haya debería considerar
como un acto unilateral de Chile a favor de Bolivia.
Por otro lado, la Corte no tiene capacidad para hacer cumplir sus fallos.
En caso de que fallara a favor de Bolivia, diciendo que Chile debe negociar
un acceso soberano al mar para eliminar el nefasto enclaustramiento marítimo
a que nos tiene sometidos, el país del Mapocho, en vista de su capacidad
militar que tiene gracias a los recursos de Chuquicamata, está seguro que
ello depende de su propia buena o mala voluntad para acatar el fallo, tal
como lo ha declarado públicamente el Sr. José Miguel Insulza, alto
funcionario chileno al decir que “A nosotros nadie
nos puede obligar a acatar un fallo y Evo Morales sabe éso” . Asimismo, el exministro de defensa de Chile, Jaime Ravinet, ha
declarado : “Lo más conveniente para Chile es retirarnos de este juicio en
La Haya, que no tiene sentido ya que aunque el fallo final sea favorable a
Bolivia y La Haya diga que estamos obligados a negociar un acceso soberano,
nosotros no lo vamos a acatar porque el pueblo chileno no quiere ni tiene la
intención de devolverle soberanía a Bolivia. Si quieren mar que vengan a
buscarlo, aquí los esperamos” .
Para ser más claros, dentro de la contienda que Bolivia mantiene con
Chile, nuestro país ha hecho lo que debía hacer : recurrir a la Corte
Internacional, dada la negativa de este país para dialogar sobre el tema
específico del mar. La contraparte chilena ha anunciado públicamente la posibilidad
de su retiro del sistema legal si el resultado en La Haya le resulta
desfavorable. Si Chile toma la determinación de abandonar el sistema, habrá
dejado un precedente fuera de toda ética como sujeto de Derecho. Exhibiría
también un incidente desvergonzado, esquivo y funesto.
De todos modos, el ratón estará siempre a merced del gato, que va a jugar con él hasta
cansarlo y en el momento más preciso, comérselo. A no ser que el ratón haya
conseguido que algún perro sea su aliado y le defienda. La lógica de acompañar políticamente las acciones
jurídicas no debe detenerse. Tenemos que profundizar nuestros justos
argumentos con potencias como China, Rusia, Francia, Italia, Brasil, India,
Argentina, Indonesia, sin ninguna duda. Pero, conversar directamente
con el gato, antes de conocerse el fallo de La Haya y sin el respaldo o
garantía de alguna potencia, no tiene ningún futuro.
El pueblo boliviano sería inmerecedor de existir si abdicase de su
derecho a la reivindicación marítima. Hoy, Bolivia, por la agresión chilena,
está enclaustrada sin un puerto propio que le permita la libre comunicación
con los mares del mundo. No podrá mantenerse indefinidamente con su soberanía
restringida, y con la condena de una lamentable inferioridad económica y
social, por ser ello incompatible con su condición de país libre. Nuestro
anhelo de recuperar al menos un puerto soberano constituye no sólo un
imperativo geográfico sino un problema sudamericano. Algunos han planteado
soluciones a base de enclaves y callejones con costas no aptas para construir
puertos; otros predican polos de desarrollo y zonas internacionalizadas.
Dichas soluciones no garantizan las verdaderas necesidades presentes y
futuras de Bolivia y sus derechos históricos y libertad de acción. Bolivia
quedaría en situación subalterna y dependiente de los intereses chilenos.
Tales “soluciones” deben ser consideradas en forma separada e independiente
del problema marítimo boliviano cual es la reivindicación de sus territorios
marítimos detentados al presente por Chile el usurpador, enemigo peligroso y
recalcitrante, capáz de toda perfidia y atrocidad contra nuestra patria.
Ningún boliviano puede aceptar, en perjuicio de nuestros legítimos derechos,
un canje o trueque, y menos por callejones u otras zonas que impliquen
renunciamiento a nuestras justas demandas de puerto soberano. Al aceptar
limosnas, mereceríamos el repudio de todos los pueblos de América.
Comunistas, izquierdistas, derechistas, social
demócratas y cuanto barniz tengan los gobernantes chilenos, nunca torcerán su
política de estado que tienen trazada de mantenernos enclaustrados y
dependientes, arrojándonos a la cara su cantaleta de siempre : “Tenemos un tratado
intangible que ha resuelto nuestros temas pendientes para siempre”. Pero, en los
tiempos actuales, hay un repudio universal contra los crímenes de lesa
humanidad, los cuales no prescriben y están sujetos a la jurisdicción
internacional. La justicia se va a imponer tarde o temprano, y Chile tendrá
que ser obligado a aceptar la división de su territorio, porque a los
bolivianos no nos encandilará más con el callejón inservible al norte de
Arica, que ha sido una burla. Hay pueblos dignos que han luchado por siglos
para su redención y nunca se han rendido en ese empeño. Bolivia necesita
gobernantes patriotas para hacer realidad el anhelo de nuestro pueblo de
respirar el aire vivificador de la brisa marina y recibir directamente las
corrientes civilizadoras de ultramar a través de nuestros ancestrales puertos
soberanos. No tenemos apuro de recuperar improvisadamente el mar a como dé
lugar, como pretendía el abrazo de Charaña y la demagogia de Bánzer. Nuestro
mar lo detenta Chile sin título legal, y por ello no nos conformaremos con un
plato de lentejas.
La actual
demanda marítima ante la Haya, se basa en compromisos y ofrecimientos
unilaterales de Chile. Pero, habida cuenta de lo debido por el usurpador,
tenemos fundamentos de mucha fuerza para plantear una negociación que persiga
la reparación de tanto latrocinio. Lo
robado no se puede convertir en soberanía intangible. Las apropiaciones
chilenas han sido completamente gratuitas, aprovechando la traición de tantos
coludados con la oligarquía chilena.
Chile argumenta que Bolivia “no tiene ningún derecho”
sobre suelo chileno (¿?) y que no
tienen obligación de devolver territorio.
El expresidente chileno Piñera afirmó, en una entrevista concedida a
la emisora Radio Bío-Bío de Santiago, que explicó a su colega boliviano Evo
Morales que no negociaría soberanía. “Como presidente –le dije que - no iba a
negociar nunca soberanía”; afirmó e insistió en que ése es un tema que está
al margen de cualquier conversación bilateral.
Consiguientemente,
ahora Bolivia debe conservar su dignidad fundada en no renunciar a sus
derechos ineludibles, en sostener nuestra integridad moral, nuestro orgullo
patrimonial, hasta recuperar nuestro mar, manteniendo el verdadero compromiso
de honor. No debemos seguir con la
chilenofilia; dejemos de lado los “abrazos de Charaña” y enfoquémonos al
progreso social y la soberanía de nuestra Patria, practicando la democracia
participativa. Posicionemos el tema marítimo en la agenda internacional,
buscando aliados y escenarios que nos acerquen a la reivindicación de nuestro
litoral cautivo, para lo cual los bolivianos deben hacer cada día la
renovación de su fé y duplicar sus esfuerzos. Tenemos que rechazar la política de
“confianza mutua” y “mar a como dé lugar”, y debemos exigir la reparación del
atropello de 1879, y ésto sin claudicaciones ni compensaciones territoriales
a Chile.
La invasión de
1879, la ocupación de 1884 y el despojo de 1904 son los antecedentes de
fuerza militar, nó de derecho, con los que Chile ha despojado y detenta hoy
el Departamento del Litoral. En vista de la debilidad del gobierno de Montes,
Chile ha obrado con arbitrariedad, fuerza militar, amedrentamiento y amenaza,
para despojar a Bolivia de su litoral, obligando a Bolivia, en una situación
de vida o muerte para nuestra nación, a firmar el nefasto tratado de
1904. No existe hoy la
intangibilidad de los tratados en el
derecho internacional público; tampoco la eternidad del dominio impuesto por
un país sobre otro.
Chile argumenta
mentirosamente que fue Bolivia la agresora al declararle la guerra, y
defiende su tratado de 1904 como un “derecho de victoria” ganado por las
armas. Pero, éso no es propio de un tratado de Amistad; es un despojo insano
contra la democracia, contra la soberanía y la libertad. La fuerza de la
causa boliviana de reivindicación tiene en estos fundamentos la justicia que
debe primar. La fuerza militar no da derechos. Chile se ampara en su poder
bélico y económico, alcanzados con la riqueza usurpada a Bolivia, para
manejar la cantaleta de que Bolivia solo tiene “aspiración” y no derecho al
mar. Cuidemos a Bolivia de la agresión armada, rapiña, dobléz e impudor del
bandidesco mendigo, protagonista del robo, pleitista y usurpador a todos los
vientos, enriquecido a puñaladas desde 1879. Esa es la política permanente de
Chile, peligro latente en Sudamérica.
Cada vez que llega un nuevo
cónsul chileno a presentar cartas credenciales a La Paz, la ingenua prensa
boliviana le pregunta: “¿Qué piensa del pedido boliviano de un puerto soberano?”;
y el nuevo escupitajo no se hace esperar : “¡Bolivia puede tener todas las
aspiraciones que quiera, pero no tiene ningún derecho al mar!”.
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Jorge Edgar Zambrana Jiménez,
Ingeniero Civil. Desde Bolivia
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Cumplo con el pedido. Gastón Cornejo Bascopé
