si alguno en Bolivia conoce el tema marítimo es Carlos Mesa no sólo por su condición de historiador sino porque como Presidente se enfrentó con Ricardo Lagos en un momento muy delicado.Un Mar proceloso.

En un escenario tan complejo no caben las marchas y contramarchas y menos los exabruptos. El Presidente ha empeñado su imagen y la fe del Estado boliviano en el asunto más delicado de nuestra política exterior, si no quiere dar un salto a un vacío suicida, lo que haga de ahora en más deberá hacerlo meditando cada paso antes de darlo.

Cinco años después de ese aparente y engañoso momento de gloria en el que el Presidente electo de Bolivia recibía en el estadio nacional de Santiago la ovación de 6.000 chilenos al grito de “¡Mar para Bolivia!”, Morales toma la decisión de dar un giro radical a la política exterior boliviana sobre el tema: “Acudir ante los tribunales y organismos internacionales, demandando en derecho y en justicia, una salida libre y soberana al Océano Pacífico”.

De palabra propia se colige que el Mandatario reconoce que los cinco años de acercamiento con Chile, la agenda de los 13 puntos y los diversos gestos de buena voluntad de su Gobierno, no han generado ningún resultado. El fracaso de esa política está a la vista.

 Si algún defecto básico tuvo el planteamiento del Ejecutivo es el abandono de una política de Estado del país cuyos pilares, a efectos de este tema en particular, son dos. Primero, el concepto de que la soberanía es parte inherente de la demanda boliviana y que, como fin último, no puede estar supeditada a rutas equívocas que le quiten su esencia. Segundo, la multilateralidad del problema. En tanto el tema de nuestra forzada mediterraneidad siga abierto, no sólo sufre el país, sino que no es posible hablar de un proceso pleno de integración en América del Sur. 

Chile basa su política de Estado a su vez en dos ideas centrales. Primero, no hay ningún problema pendiente con Bolivia. Segundo, la “aspiración” boliviana sólo podrá quedar satisfecha en una negociación directa entre los interesados, es decir, Chile y Bolivia de modo exclusivo.

Desde que Bolivia consolidó en 1979 y en 10 resoluciones sucesivas de la OEA, el reconocimiento de que el problema es de interés multilateral y que tiene todo el derecho de ponerlo a consideración de la comunidad internacional, se incorpora también la idea de que otro camino posible es el de la búsqueda de una solución en un ámbito trilateral, a través de un debate y una búsqueda común de soluciones (no en pasos sucesivos o en compartimentos estancos) entre Bolivia, Perú y Chile, dado que de manera especialmente clara desde 1975, la opción realista de lograr una salida al Pacífico con continuidad territorial, útil y soberana, pasa por territorios que fueron peruanos.

Morales ha recuperado una línea, la del multilateralismo, pero ha añadido algo más, la decisión del país de demandar a Chile en tribunales internacionales de justicia. Aparentemente, esta decisión abre sólo dos caminos: La Corte Internacional de Justicia de la ONU (CIJ) o la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), ambas en La Haya.

En el caso de la CPA sólo se abriría la opción de plantear una controversia sobre aspectos específicos de aplicación del Tratado de 1904. Se trata de una demanda que obliga a ese tribunal a constituirse, a pedido de una de las partes, y desarrollar una tarea exclusivamente interpretativa que no puede ni anular ni revisar el Tratado, pero que puede fallar en cuestiones específicas.

En el caso de la CIJ de lo que se trata es de una denuncia del Tratado de 1904 como tal. Si bien en este escenario Bolivia cuenta con argumentos históricos muy sólidos y razones morales más que evidentes, la CIJ sólo admite fundamentos jurídicos, es decir, una demanda de puro derecho. Se puede recordar los casos precedentes del Canal de Panamá o la administración de Hong Kong, en las que tanto Panamá como China lograron negociaciones exitosas con la devolución de territorios sujetos a sendos tratados. Habría que preguntarse, sin embargo, sobre la palabra “a perpetuidad” incluida en el injusto Tratado de 1904. Se debe también considerar que la teoría jurídica reconoce la legitimidad de una demanda basada en la inviabilidad de un tratado desigual por su naturaleza o las circunstancias en que se suscribió, aunque hasta ahora esa teoría no ha pasado de la mera reflexión académica.

La dificultad mayor es ya sabida. La Convención sobre Tratados de la ONU es clara al afirmar que no se pueden modificar tratados de límites o fronterizos, Convención que Bolivia ha ratificado.

Morales recupera la acción boliviana de 1919 (Conferencia de París) y 1920 (Liga de Naciones), en las que el país pidió la revisión del Tratado. Ninguna de esas instancias se pronunció sobre la cuestión. La apuesta de hoy es arriesgada porque parece ir al todo o nada. La reacción de Santiago era previsible y es consecuente con su política histórica sobre el tema: Negociación bilateral o nada.

Cabe en este punto la prudencia. El Gobierno debe actuar con la mayor serenidad y seriedad. Antes de lanzar una acción concreta debe promover un diálogo nacional y, sobre todo, escuchar a especialistas a puerta cerrada. Si el país no lo acompaña y si no se ve una línea de unidad de todos los sectores detrás del Presidente, la idea morirá antes de nacer. Por ello, antes de cualquier acción pública se debe estar seguro de lo que se hace y saber que un error en esta ruta puede ser fatal para la causa nacional.

En un escenario tan complejo no caben las marchas y contramarchas y menos los exabruptos. El Presidente ha empeñado su imagen y la fe del Estado boliviano en el asunto más delicado de nuestra política exterior, si no quiere dar un salto a un vacío suicida, lo que haga de ahora en más deberá hacerlo meditando cada paso antes de darlo. 
 
El autor fue Presidente de la República