lunes, 28 de marzo de 2011

además del Mar que se nos hace más lejano, llegó un informe lapidario que deja mal a la Justicia, al ministerio del Interior a Policías y Militares sobre los DDHH. José Gramunt afirma Las Cosas andan Mal

Cara pintadas, marinos, todo inútil
Resulta que, justo en el Día del Mar, el mar se alejó aún más,  como consecuencia de unas desafortunadas expresiones escapadas de la abundosa oratoria  del Sr. Presidente. ¿Quién se las inspiró? El gabinete ministerial no da respuestas convincentes. ¿O fue idea exclusiva de Don Evo?     Encima del garrotazo “marítimo”, ahora nos cae el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bastará con citar a la letra sus partes más significativas para darse cuenta de que el documento no favorece para nada a instituciones tales como la Administración de la Justicia, el Ministerio de Gobierno, la Policía y las Fuerzas Armadas.  Vayamos pues a un brevísimo examen de ese texto. En él se mencionan “los incidentes violentos de Caranavi que causaron la muerte de dos manifestantes. Existen indicios de que la Policía recurrió al uso desproporcionado de la fuerza”. Aquello ocurrió en Junio del 2010 y todavía no se ha esclarecido.  En otra parte del informe se habla de “tratos crueles, inhumanos  por parte de miembros  de la Fuerza Pública”.  Y prosigue: “Subrayamos la muerte del señor Daniel Olorio, torturado y muerto bajo custodia de la Policía”. En otros párrafos se mencionan casos de “malos tratos y torturas a conscriptos”. Total, minucias si las comparamos con lo que  ocurre en Libia, bajo el sátrapa de Muammar Gaddafi y en otros países salvajes. Nuestras cuestioncillas pueden arreglarse previa la sanción que corresponda. ¡Fácil! Es cuestión de remitirlas a la Administración de la Justicia y, todo arreglado. Pues ahora vienen esos señores de la ONU a descubrirnos, por si no lo habíamos notado, que en la justicia “hay presiones políticas y económicas” que “existen desde mucho tiempo”  Sin duda que ambas presiones combinadas, la política y la económica,  han prostituido a la justicia. Las cosas han ido de mal en peor desde que se practica sistemáticamente el nombramiento a dedo y según fidelidad partidista a magistrados, jueces, fiscales, secretarios y, hasta alguaciles, si los hubiese. Los metiches de la ONU afirman “que el acceso a la justicia y la alta impunidad (son) los principales problemas”. Me pregunto qué sentido le quieren dar al calificativo de “alta” referido a la impunidad. ¿Querrá decidir sin decirlo que se refiere a la impunidad de algunos altos personajes?  ¡Pues que lo aclaren! El Comisario de los Derechos Humanos de la ONU remarca así mismo “la necesidad de observancia de la estricta presunción de inocencia y el debido juicio en todos los procesos, incluyendo casos de corrupción”.  ¿Quién dijo que estos fundamentos del proceso judicial no se cumplen en Bolivia? Véanse los juicios contra políticos opositores y tendremos la respuesta. Frente a esta retahila de males y remedios, el informe que comento, dictamina que se “implementen medidas urgentes y efectivas”.  Creo entender que, si deben ser medidas “urgentes y efectivas”, no pueden ser ni martingalas seudo judiciales  ni trucos distractivos ni silencios culpables. Por último: el derecho a la consulta de los pueblos indígenas dice el informe: “Ese derecho fue en gran medida respetado en la elaboración del anteproyecto  de ley de deslinde jurisdiccional. Sin embargo, importantes cuestiones “no se incorporaron en el texto final de la ley”. Queda mucho por hacer y corregir.

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