Las declaraciones vertidas por el responsable de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima respecto de la política de Estado boliviana de denunciar el Tratado de 1904 ante la Organización de Estados Americanos (OEA), a celebrarse la primera semana de junio del año en curso en El Salvador, han enervado al Ministro de Defensa y actual Canciller de la República de Chile, quien ha expresado públicamente, que cuentan con “…Fuerzas Armadas prestigiadas, profesionales y preparadas, que están en condiciones de hacer respetar los tratados internacionales y de cautelar adecuadamente la soberanía y la integridad territorial…” de su país. El representante de Estado ha sido contundente al manifestar que Chile actuará unido en relación con el tema marítimo con Bolivia y que encuentran pleno amparo del derecho internacional respecto de su posición sobre el tratado de referencia.
En términos sencillos, la República de Chile ha enviado una clara advertencia al Estado Plurinacional, referente a que está dispuesta a defender la soberanía que ejerce sobre el océano Pacífico con las armas, si fuese necesario. Para nuestros vecinos, al acudir a estos mecanismos de denuncia, previstos por el derecho internacional, concluiría todo proceso de negociación y diálogo entre ambos Estados.
Es importante señalar que para Bolivia es muy difícil cambiar el cauce que ha tomado la estrategia marítima, toda vez que en más de una oportunidad, diversas autoridades han sostenido que Chile habría incumplido el Tratado de 1904. De igual manera, el Primer Mandatario, haciendo referencia al artículo 267 de la Carta Fundamental, en discurso del 23 de marzo de 2011, ha manifestado que, a través de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, se buscará demandar la causa ante el Tribunal Internacional de La Haya. Todas las manifestaciones del Ejecutivo encuentran sustento en la Disposición Transitoria Novena de la norma suprema, misma que señala que “los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno, con rango de ley. En el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución”. Bajo una interpretación literal de la norma, las autoridades de turno no podrían actuar sino en consecuencia de lo que manda y ordena la Constitución Política del Estado. Qué complicado. ¿Obedecer la Constitución podrá poner en riesgo más de 100 años de paz entre ambos países?
En toda estrategia de negociación, las partes intervinientes deben tirar de las cuerdas lo suficiente como para que éstas no se quiebren, lo suficiente como para encontrar, dentro de las dificultades y la adversidad, la posibilidad de reconducir la trama hacía la mediación y el diálogo. Negociar en extremos, no es negociar. Es imponer.
De acuerdo con las declaraciones volcadas a los medios de comunicación, se percibe que las relaciones bilaterales se encuentran en alta tensión, en un punto de inflexión sumamente delicado. ¿No será momento para reconsiderar nuestra política de Estado frente al enclaustramiento marítimo? De repente lo más aconsejable, bajo un sentido de prudencia y responsabilidad con la nación, sea iniciar un nuevo diálogo con la República de Chile ¿La agenda de los 13 puntos se encuentra desahuciada? Tal vez ésta deba ser el punto de partida.
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