diplomático de carrera e historiador Ramiro Prudencio se ha caracterizado por su juicio sereno y generalmente certero del tema marítimo. el juicio demandará tiempo y dinero.afirma

En uno intempestivo viraje, el Gobierno del presidente Evo Morales ha decidido dejar de lado la política bilateral en la cuestión marítima,  y comenzar una exaltada y romántica política multilateral. Se dice que un pequeño grupo ajeno a la Cancillería, ha logrado convencer a las autoridades gubernativas de que nuestro país tendría buenas chances para lidiar en el plano jurídico, y obtener por esta vía un arreglo del problema de nuestro enclaustramiento geográfico.

Pareciera, en primer lugar, que ese pequeño grupo no se ha dado cuenta de que han pasado más de cien años de la suscripción del Tratado de 1904, y que el tiempo ha consolidado plenamente la vigencia del mismo. Además, todo lo que ahora se está manifestando sobre el Tratado, ya se lo estudió y planteó en 1920 y 1921, ante la Liga de las Naciones. Y allí fue rechazada la demanda nacional. Una comisión jurídica elegida por ese organismo  emitió un informe, el 22 de septiembre de 1921, donde señalaba: “Que tal como ha sido presentada la demanda de Bolivia, es inadmisible, porque la Asamblea de la Liga de las Naciones no puede modificar por sí misma ningún pacto y porque la revisión de los Tratados es de la sola competencia de los Estados contratantes”.

Ahora bien, ya se han publicado los cinco argumentos principales que tendría el país para optar a La Haya. El primero se refiere a que en el Protocolo de 16 de abril de 1907, se nombró como árbitro del Tratado de Paz, a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (TPA), en sustitución del emperador alemán, quien rechazó esa designación. Da la impresión de que ese pequeño grupo hubiese descubierto la pólvora al observar que existen dos tribunales en La Haya: el TPA, que es árbitro del Tratado de Paz, y la Corte Internacional de Justicia.

Respecto al TPA, conviene recordar que en el  Protocolo de 1907, se especifica que éste sólo tendría tuición “en todas las cuestiones que llegaren a suscitarse con motivo de la inteligencia o ejecución de dicho Pacto (el Tratado de Paz)” y no en su revisión o modificación.  Pero cabe destacar además, que el TPA es un tribunal fantasma, existe simbólicamente pero no en la realidad, porque no tiene jueces permanentes. Sólo cuenta con una Secretaría y una lista de jueces, cuatro por país, de los cuales las partes que mantienen una controversia, deben elegir para crear el tribunal. En consecuencia, si Chile no desea designar a los jueces, nunca podría constituirse el tribunal. 

El segundo argumento sería la omisión en el Tratado de Paz, de la cesión boliviana del territorio comprendido entre los paralelos 23º y 24º de latitud sur.  Pero ello se complementó en el Acta Aclaratoria del Tratado de Paz, suscrita el 15 de noviembre de 1904, la cual fue  ratificada por ambos países. En ella se puntualiza que “el Gobierno de Bolivia reconoce el dominio absoluto y perpetuo de Chile en el territorio situado entre los paralelos 23 y 24 de latitud meridional, desde el mar hasta el actual deslinde con la República Argentina”.

El tercero se refiere al Tratado de Transferencia de Territorios de 18 de mayo de 1895. Pero éste nunca entró en vigencia, porque Bolivia le incluyó dos protocolos modificatorios rechazados por Chile.       

En el cuarto, relativo a los recursos hídricos, se menciona que Chile estaría usufructuando aguas bolivianas en forma inconsulta: las del Silala, del canal del Uchusuma y del río Lauca. Respecto al Silala, ya se estaba negociando sobre el particular y hasta se llegó a un acuerdo previo entre las partes. En cuanto al río Uchusuma, sus aguas son utilizadas por el Perú y no por Chile. Por lo tanto, Bolivia podría llevar a un tribunal internacional sólo el problema del río Lauca, siempre que Chile se negase a negociarlo bilateralmente.

El último argumento es verdaderamente insólito. Se expresa que Bolivia habría reconocido el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre su litoral, pero no habría cedido la soberanía. Pareciera que ese pequeño grupo no conociese bien el idioma castellano y no entendiera que esos son conceptos sinónimos.

Es menester recordar que Bolivia no tiene derechos jurídicos para reintegrarse al mar, sino sólo derechos históricos y morales, estos últimos debidos a las variadas veces que Chile ofreció solucionar el problema. En consecuencia, llevar la cuestión marítima a tribunales internacionales demandará solamente una gran pérdida de tiempo y dinero. Pero lo peor es que lo único que se obtendrá será una nueva desilusión y una mayor amargura para nuestro sufrido y esperanzado pueblo.

Ramiro Prudencio Lizón
es diplomático e historiador.

unos los más apoyan la reivindicación como acto de Justicia. otros temen estar siendo usada la "banderola" para ocultar debilidades de Evo

Cynthia Perou
cynthia_perou@hotmail.com

Hace algunos años escuche que en Bolivia solo existían dos tipos de gobiernos, los malos y los que hablan del mar, hoy estamos ante ambas cosas, un gobierno que no tiene idea de  lo que es una política económica, dedicándose a endeudarnos hasta nuestra octava generación y que para tapar problemas tan serios como el desempleo, la falta de oportunidades, la inflación, el narcotráfico entre otros, hace del mar, la nueva propaganda y agenda gubernamental.

Tenía que bajar estrepitosamente en las encuestas Evo Morales para retomar el tema marítimo, a costo de una canasta familiar que esta por las nubes, movilizaciones sociales por un aumento salarial que honestamente no alcanza para casi nada, de una ausencia total de incentivos a la empresa privada, de sectores mineros que han comunicado que “desde la época de los barones del estaño a la fecha poco o nada han cambiado las condiciones del sector”, o desde un problema interno tan serio como la corrupción y el peligro del narcotráfico que parece haberse insertado en todas las esferas del aparato estatal.

Por otra parte, parece que el constante acoso a las agencias norteamericanas ya no rinden el circo que tan popular en su debido momento hizo al MAS, ya que con una mano agradecen el apoyo de la NAS, mientras que con la otra piden, puño izquierdo arriba, la salida de USAID.

La reivindicación marítima boliviana es indudablemente un tema importante, pero como ciudadanos sabemos que estos temas son traídos a colación solamente como una cortina de humo para distraer nuestra atención de los problemas urgentes que nos atingen diariamente. Honestamente el problema marítimo supongo que nunca dejo de estar en mesa del Canciller Choquehuanca, que por cierto parece ser la última pieza desplazada del ajedrez masista.

Hoy, los bolivianos tenemos una agenda propia que no dejaremos a la deriva, una agenda de solución a problemas tan urgentes como, la salud, la vivienda, el trabajo, el salario justo, una oportunidad para nuestros hijos y otras prioridades que no cambiaremos por discutir el tema del Mar, para eso está la Cancillería y el nuevo cuerpo colegiado que piensa formar el Gobierno con ayuda de autoridades de gobiernos pasados; nosotros en cambio exigimos ahora, saber la verdad de nuestras finanzas, saber que planes tenemos para el tema de seguridad alimentaria, como vamos a lograr nuevos empleos en Bolivia, que hacen las empresas del Estado que nos pertenecen y a que se dedican los empleados que hemos designado como autoridades para preveer nuestro bienestar en el futuro inmediato.

además del Mar que se nos hace más lejano, llegó un informe lapidario que deja mal a la Justicia, al ministerio del Interior a Policías y Militares sobre los DDHH. José Gramunt afirma Las Cosas andan Mal

Cara pintadas, marinos, todo inútil

Resulta que, justo en el Día del Mar, el mar se alejó aún más,  como consecuencia de unas desafortunadas expresiones escapadas de la abundosa oratoria  del Sr. Presidente. ¿Quién se las inspiró? El gabinete ministerial no da respuestas convincentes. ¿O fue idea exclusiva de Don Evo?     Encima del garrotazo “marítimo”, ahora nos cae el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bastará con citar a la letra sus partes más significativas para darse cuenta de que el documento no favorece para nada a instituciones tales como la Administración de la Justicia, el Ministerio de Gobierno, la Policía y las Fuerzas Armadas.  Vayamos pues a un brevísimo examen de ese texto. En él se mencionan “los incidentes violentos de Caranavi que causaron la muerte de dos manifestantes. Existen indicios de que la Policía recurrió al uso desproporcionado de la fuerza”. Aquello ocurrió en Junio del 2010 y todavía no se ha esclarecido.  En otra parte del informe se habla de “tratos crueles, inhumanos  por parte de miembros  de la Fuerza Pública”.  Y prosigue: “Subrayamos la muerte del señor Daniel Olorio, torturado y muerto bajo custodia de la Policía”. En otros párrafos se mencionan casos de “malos tratos y torturas a conscriptos”. Total, minucias si las comparamos con lo que  ocurre en Libia, bajo el sátrapa de Muammar Gaddafi y en otros países salvajes. Nuestras cuestioncillas pueden arreglarse previa la sanción que corresponda. ¡Fácil! Es cuestión de remitirlas a la Administración de la Justicia y, todo arreglado. Pues ahora vienen esos señores de la ONU a descubrirnos, por si no lo habíamos notado, que en la justicia “hay presiones políticas y económicas” que “existen desde mucho tiempo”  Sin duda que ambas presiones combinadas, la política y la económica,  han prostituido a la justicia. Las cosas han ido de mal en peor desde que se practica sistemáticamente el nombramiento a dedo y según fidelidad partidista a magistrados, jueces, fiscales, secretarios y, hasta alguaciles, si los hubiese. Los metiches de la ONU afirman “que el acceso a la justicia y la alta impunidad (son) los principales problemas”. Me pregunto qué sentido le quieren dar al calificativo de “alta” referido a la impunidad. ¿Querrá decidir sin decirlo que se refiere a la impunidad de algunos altos personajes?  ¡Pues que lo aclaren! El Comisario de los Derechos Humanos de la ONU remarca así mismo “la necesidad de observancia de la estricta presunción de inocencia y el debido juicio en todos los procesos, incluyendo casos de corrupción”.  ¿Quién dijo que estos fundamentos del proceso judicial no se cumplen en Bolivia? Véanse los juicios contra políticos opositores y tendremos la respuesta. Frente a esta retahila de males y remedios, el informe que comento, dictamina que se “implementen medidas urgentes y efectivas”.  Creo entender que, si deben ser medidas “urgentes y efectivas”, no pueden ser ni martingalas seudo judiciales  ni trucos distractivos ni silencios culpables. Por último: el derecho a la consulta de los pueblos indígenas dice el informe: “Ese derecho fue en gran medida respetado en la elaboración del anteproyecto  de ley de deslinde jurisdiccional. Sin embargo, importantes cuestiones “no se incorporaron en el texto final de la ley”. Queda mucho por hacer y corregir.

Luis Winter de La Tercera no duda en mostrar la actitud de Evo como una "Estrategia sin Destino". jurídicamente inconducente.

INACEPTABLES y jurídicamente inconducentes son las opiniones vertidas por Evo Morales el 23 de marzo, fecha en que nuestro vecino recuerda la pérdida de su litoral marítimo. Inaceptables por poner en duda la legitimidad del Tratado de 1904 que fijó nuestras fronteras, y jurídicamente inconducentes, pues es bien sabido que una demanda judicial para lograr su revisión, y más aún tras un siglo de su suscripción, no tiene destino.

Ya no quedan testigos de los hechos que rodearon la firma del Tratado de Tregua de 1883 como tampoco del Tratado de Paz de 1904, pero la historia da fe de que tardaron 21 años entre uno y otro, y de que en 1904 había un clima muy distinto al de los enfrentamientos de la guerra. Chile asumió y cumplió los compromisos que adoptó en favor de Bolivia que, a juzgar por éstos, les permitió desarrollar una infraestructura de comunicaciones terrestres, unido al libre tránsito comercial por territorio chileno.

Pero en 1920, Bolivia cambió de opinión y demandó a Chile ante la Asamblea de la Sociedad de las Naciones, pidiendo la revisión del Tratado de Paz fundado, especialmente, en que le había sido impuesto por la fuerza y que quedaba encerrado sin acceso al mar. La Asamblea propuso crear una comisión de tres juristas que dictaminó, en septiembre de 1921, que la demanda era inadmisible por carecer, la Asamblea, de facultades para modificar por sí misma ningún tratado y que su modificación era de la sola competencia de los Estados contratantes.

Si bien el Derecho Internacional ha avanzado desde esa fecha, ha sido invariable en el principio fundamental del "Pacta Sund Servanda" (lo pactado obliga) y que los Tratados sólo pueden modificarse por acuerdo de las Partes o por las causales incluidas en la Convención de Derecho de los Tratados, en el cual no se consulta su revisión. Incluso, de haber un cambio fundamental en las circunstancias, ello no es aplicable a los Tratados de Límites. Las declaraciones de Morales deben entenderse en el marco de la nueva Constitución de ese país, que eleva a ese rango su demanda marítima y señala que en el plazo de cuatro años denunciará y, en su caso, renegociará los Tratados Internacionales contrarios a la Constitución.

Si son inaceptables las declaraciones que contravienen normas básicas del derecho internacional, también son jurídicamente inconducentes. Los órganos judiciales internacionales tienen competencia para resolver diferendos jurídicos y en este caso, la petición de revisar el Tratado de 1904 por consideraciones de interés político, lograría la misma respuesta que en 1921 recibió de la SDN.

Las declaraciones del Presidente Morales tienen un carácter contradictorio. Mientras señaló a El Mercurio el martes pasado que descartaba ir a La Haya ("yo creo más en la sinceridad, en la confianza y en los resultados que beneficien a los pueblos"), en su discurso del día siguiente anunció acudir ante los tribunales y organismos internacionales.

Todo esto hace que las declaraciones del líder boliviano ameriten una explicación.

si alguno en Bolivia conoce el tema marítimo es Carlos Mesa no sólo por su condición de historiador sino porque como Presidente se enfrentó con Ricardo Lagos en un momento muy delicado.Un Mar proceloso.

En un escenario tan complejo no caben las marchas y contramarchas y menos los exabruptos. El Presidente ha empeñado su imagen y la fe del Estado boliviano en el asunto más delicado de nuestra política exterior, si no quiere dar un salto a un vacío suicida, lo que haga de ahora en más deberá hacerlo meditando cada paso antes de darlo.

Cinco años después de ese aparente y engañoso momento de gloria en el que el Presidente electo de Bolivia recibía en el estadio nacional de Santiago la ovación de 6.000 chilenos al grito de “¡Mar para Bolivia!”, Morales toma la decisión de dar un giro radical a la política exterior boliviana sobre el tema: “Acudir ante los tribunales y organismos internacionales, demandando en derecho y en justicia, una salida libre y soberana al Océano Pacífico”.

De palabra propia se colige que el Mandatario reconoce que los cinco años de acercamiento con Chile, la agenda de los 13 puntos y los diversos gestos de buena voluntad de su Gobierno, no han generado ningún resultado. El fracaso de esa política está a la vista.

 Si algún defecto básico tuvo el planteamiento del Ejecutivo es el abandono de una política de Estado del país cuyos pilares, a efectos de este tema en particular, son dos. Primero, el concepto de que la soberanía es parte inherente de la demanda boliviana y que, como fin último, no puede estar supeditada a rutas equívocas que le quiten su esencia. Segundo, la multilateralidad del problema. En tanto el tema de nuestra forzada mediterraneidad siga abierto, no sólo sufre el país, sino que no es posible hablar de un proceso pleno de integración en América del Sur. 

Chile basa su política de Estado a su vez en dos ideas centrales. Primero, no hay ningún problema pendiente con Bolivia. Segundo, la “aspiración” boliviana sólo podrá quedar satisfecha en una negociación directa entre los interesados, es decir, Chile y Bolivia de modo exclusivo.

Desde que Bolivia consolidó en 1979 y en 10 resoluciones sucesivas de la OEA, el reconocimiento de que el problema es de interés multilateral y que tiene todo el derecho de ponerlo a consideración de la comunidad internacional, se incorpora también la idea de que otro camino posible es el de la búsqueda de una solución en un ámbito trilateral, a través de un debate y una búsqueda común de soluciones (no en pasos sucesivos o en compartimentos estancos) entre Bolivia, Perú y Chile, dado que de manera especialmente clara desde 1975, la opción realista de lograr una salida al Pacífico con continuidad territorial, útil y soberana, pasa por territorios que fueron peruanos.

Morales ha recuperado una línea, la del multilateralismo, pero ha añadido algo más, la decisión del país de demandar a Chile en tribunales internacionales de justicia. Aparentemente, esta decisión abre sólo dos caminos: La Corte Internacional de Justicia de la ONU (CIJ) o la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), ambas en La Haya.

En el caso de la CPA sólo se abriría la opción de plantear una controversia sobre aspectos específicos de aplicación del Tratado de 1904. Se trata de una demanda que obliga a ese tribunal a constituirse, a pedido de una de las partes, y desarrollar una tarea exclusivamente interpretativa que no puede ni anular ni revisar el Tratado, pero que puede fallar en cuestiones específicas.

En el caso de la CIJ de lo que se trata es de una denuncia del Tratado de 1904 como tal. Si bien en este escenario Bolivia cuenta con argumentos históricos muy sólidos y razones morales más que evidentes, la CIJ sólo admite fundamentos jurídicos, es decir, una demanda de puro derecho. Se puede recordar los casos precedentes del Canal de Panamá o la administración de Hong Kong, en las que tanto Panamá como China lograron negociaciones exitosas con la devolución de territorios sujetos a sendos tratados. Habría que preguntarse, sin embargo, sobre la palabra “a perpetuidad” incluida en el injusto Tratado de 1904. Se debe también considerar que la teoría jurídica reconoce la legitimidad de una demanda basada en la inviabilidad de un tratado desigual por su naturaleza o las circunstancias en que se suscribió, aunque hasta ahora esa teoría no ha pasado de la mera reflexión académica.

La dificultad mayor es ya sabida. La Convención sobre Tratados de la ONU es clara al afirmar que no se pueden modificar tratados de límites o fronterizos, Convención que Bolivia ha ratificado.

Morales recupera la acción boliviana de 1919 (Conferencia de París) y 1920 (Liga de Naciones), en las que el país pidió la revisión del Tratado. Ninguna de esas instancias se pronunció sobre la cuestión. La apuesta de hoy es arriesgada porque parece ir al todo o nada. La reacción de Santiago era previsible y es consecuente con su política histórica sobre el tema: Negociación bilateral o nada.

Cabe en este punto la prudencia. El Gobierno debe actuar con la mayor serenidad y seriedad. Antes de lanzar una acción concreta debe promover un diálogo nacional y, sobre todo, escuchar a especialistas a puerta cerrada. Si el país no lo acompaña y si no se ve una línea de unidad de todos los sectores detrás del Presidente, la idea morirá antes de nacer. Por ello, antes de cualquier acción pública se debe estar seguro de lo que se hace y saber que un error en esta ruta puede ser fatal para la causa nacional.

En un escenario tan complejo no caben las marchas y contramarchas y menos los exabruptos. El Presidente ha empeñado su imagen y la fe del Estado boliviano en el asunto más delicado de nuestra política exterior, si no quiere dar un salto a un vacío suicida, lo que haga de ahora en más deberá hacerlo meditando cada paso antes de darlo. 
 
El autor fue Presidente de la República

Chile se molesta porque iba en la onda de Evo. Es un derecho exigir justicia sostiene OPINION, aunque agregamos si esta vía hubiese resultado de una consulta. Un gran acuerdo nacional y no "para sacar las manos del fuego"

No deben molestarse.

El Gobierno de Chile debería comprender en su justa  dimensión el mensaje del presidente Morales, no tomarlo como provocación, no enojarse ni expresar pretendido desconcierto. 

El anuncio del presidente Evo Morales en sentido de que Bolivia acudirá a tribunales internacionales para demandar a Chile un acceso soberano y libre al océano Pacífico, se funda en el derecho que tienen las naciones para reclamar situaciones injustas que han causado graves daños.

En la comunidad internacional, el problema marítimo que Bolivia tiene pendiente con Chile es reconocido como un asunto que ha sido dilatado, de manera sistemática, desde hace 132 años y cuando Bolivia logró ubicarlo en la mesa de discusión multilateral la posición de Chile fue siempre de obstrucción y de reacciones de molestia e irritación. Chile, en el problema marítimo, mantiene una política estática y durante sus diferentes gobiernos la característica que ha mantenido en las negociaciones con Bolivia, ha sido la dilación, mediante recursos de distracción y anuncios que finalmente no dieron ningún resultado.

Cuando el presidente Morales sostiene la necesidad de llevar el problema a organismos internacionales, lo hace con el derecho legítimo que tienen los países cuyas demandas no son tomadas en cuenta con la ponderación necesaria. Los asuntos internacionales tan sensibles y delicados como el marítimo no pueden postergarse indefinidamente y por el ello mismo este Gobierno ha considerado el momento de cambiar el rumbo de las negociaciones para expresar al vecino Chile que ante la dilación y la falta de respuestas o planteamientos concretos vería necesario presentar una demanda ante los tribunales internacionales. ¿Qué puede hacer Bolivia ante una serie de promesas, ante anuncios de amistad y relaciones que no encuentran opciones que lleven por el camino de las soluciones?

Aunque medios políticos chilenos y el presidente Sebastián Piñera han reaccionado con dureza ante lo dicho por el presidente Morales, lo cierto es que Chile adopta estas actitudes cada vez que Bolivia habla de multilaterizar el problema. Lo hizo en anteriores oportunidades cuando Bolivia reclamó ante foros internacionales. Las palabras de respuesta siempre fueron de crispación y de crítica. Hoy, la historia parece que se repite, en realidad una historia de negociaciones de hace 132 años.

Lo que ha dicho el presidente Morales de acudir a tribunales internacionales y de dialogar no es incongruente como han afirmado medios políticos chilenos, por el contrario, expresa la intención de Bolivia de seguir dialogando en el plano bilateral, pero con resultados y si no los hay, están los tribunales, como en toda contienda incluso en las relaciones particulares, y mucho más, cuando se trata de un asunto de la significación que representa la demanda marítima.

El Gobierno de Chile debería comprender, en su justa dimensión e intención, el mensaje del presidente Evo Morales, no tomarlo como provocación, no enojarse ni expresar un pretendido desconcierto. 

Es cierto, como afirma un senador chileno, que los pueblos pueden optar por los caminos de la integración y adoptar como ejemplo lo que ocurre en la Unión Europea donde después de cruentas guerras, encontraron la unidad global, pero no es menos cierto que en ese proceso hubo objetivos claros y voluntad, indispensables para llevar adelante una negociación; en el problema marítimo observamos hace más de cien años a un país que no varía ni un ápice en reconocer hechos que dañaron a Bolivia y de revisar tratados injustos al amparo de la doctrina internacional. En el nuevo escenario, Bolivia le dice a Chile que quiere diálogo, pero, que hará prevalecer su derecho al reclamo internacional.

ninguna sorpresa el intento del vice García. "no Evo no dijo eso, dijo estotro" iremos a los tribunales pero no dejaremos el diálogo. son sordos o qué. "no se puede dialogar e ir al litigio" dijo Chile.

 Sin renunciar al diálogo iniciado con Chile el año 2006 para lograr acuerdos que superen sus divergencias, Bolivia llevará a Chile a los tribunales internacionales para lograr soluciones a su mediterraneidad que se prolonga por 132 años.

    "El pasado 23 de marzo el presidente Evo Morales ha tomado la decisión valiente, audaz e histórica para dar nuevos pasos hacia la solución de una mediterraneidad que se constituye en una cicatriz difícil de cicatrizar", manifestó el vicepresidente Alvaro García Linera.

    En una conferencia de prensa, García Linera anotó que "no se trata de una posición contradictoria, debido a que Bolivia "jamás cerrará las puertas del diálogo, sino que buscará soluciones simultáneas, paralelas, complementarias y de justicia con razones históricas y legales en tribunales internacionales que complemente justa demanda de salida soberana al Pacífico".

    Indicó que la demanda ante un tribunal internacional y el diálogo bilateral se desenvuelven en el ámbito de las razones y de los derechos históricos.

    "El pasado 23 de marzo, Bolivia ha recordado los 132 años de una brutal invasión y de una guerra contra un país pacífico, trabajador, como el boliviano, al que le arrebataron un pedazo decisivo y central de su territorio: El acceso soberano al océano Pacífico", dijo.

    El Vicepresidente manifestó que en más de un siglo, Bolivia ha buscado de diversas formas la solución a este problema para restituir la base material de sus capacidades productivas y pro creativas como pueblo y como razón.

    Subrayó que se intentaron diversas vías y acercamientos basados en derechos históricos y convivencia de los pueblos y las naciones que caracterizan a las relaciones internacionales, aunque los resultados fueron nulos e insatisfactorios.

    "Bolivia nació con un acceso soberano al Pacifico, que es una parte indisoluble  e irrenunciable del espíritu nacional y de reproducción histórica de Bolivia como nación y como Estado", agregó.