En circunstancias en las que el país ha puesto en marcha una nueva estrategia que nos acerque al objetivo de recuperar una salida soberana al mar, lo mínimo que se puede exigir es que haya un esfuerzo por parte de las autoridades de gobierno para impulsar un proceso de unidad interna alrededor de este tema y, con la misma intensidad, diseñar una estrategia internacional que permita que la demanda boliviana sea, primero, conocida y, luego, provoque corrientes de solidaridad en el planeta.
Sin embargo, el Gobierno está haciendo todo lo posible para evitar que ambos requisitos se cumplan. En aras de la tempranamente inaugurada campaña electoral, las autoridades han vuelto a recurrir a la recurrente denigración a quien exprese oposición a sus designios, y en el campo internacional, el esfuerzo está dirigido a una sistemática política de aislamiento por el predominio de una visión ideológica absolutamente ineficaz, que supedita los intereses nacionales a los lineamientos de proyectos autoritarios de poder que, para peor, están llegando a su ocaso por su ineficacia y creciente corrupción, arrastrando a sus pueblos a procesos de violencia en beneficio de cúpulas familiar-militares que se han apoderado del poder.
Conforme se acerca el tiempo en que el país deberá presentar sus alegatos ante La Haya, bien haría el Gobierno en primer lugar, en separar la campaña electoral del manejo de la administración del Estado y generar espacios de información y diálogo sobre la política marítima con todos los sectores de la sociedad; en segundo lugar, planificar un acercamiento hacia todos los Gobiernos, Estados Unidos entre ellos, que, más temprano que tarde, deberán pronunciarse sobre el tema y lo hagan expresando solidaridad con nuestra demanda.
No cumplir esta tarea será muestra de una irresponsabilidad que, a su debido tiempo, merecerá una condigna interpelación.
