razonables dudas sobre una demanda. El Deber apunta con sabiduría lo que puede suceder en La Haya, sin dejar de desearle suerte a Rodríguez Veltzé a la cabeza

Después de 134 años de la invasión chilena al Litoral boliviano y el inicio de la Guerra del Pacífico, y a 109 años de la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1904 entre ambos países, Bolivia se juega por presentar una demanda jurídica contra Chile ante el Tribunal Internacional de La Haya. Medida razonable, en principio, por la recurrente e histórica dilación de nuestro vecino chileno en atender el legítimo reclamo que tiene nuestro país de contar con un acceso pleno y soberano al océano Pacífico en virtud de las heridas que dejó aquella dolorosa conflagración internacional. Sin embargo, se trata de una medida que genera enormes dudas políticas y jurídicas sobre los riesgos que tiene un juicio contra Chile ante dicha instancia internacional.
El núcleo de la demanda boliviana establece que el Estado boliviano pide a la Corte que obligue a Chile a iniciar una negociación que permita otorgar a Bolivia un acceso pleno y soberano al Pacífico. La demanda no se sustenta en el Tratado de 1904 y señala como principal agravante el agotamiento de las instancias de diálogo en las que no hubo resultados concretos sobre el problema de fondo.

El reclamo boliviano parte entonces de una enorme debilidad. Las relaciones internacionales y el Derecho Internacional tienen como uno de sus pilares fundamentales los tratados que son firmados por los Estados. Su cumplimiento es sagrado y obligatorio. El Tratado de 1904 está plenamente vigente. Allí no se prevé el acceso de Bolivia al Pacífico, más bien, establece límites territoriales definitivos entre ambos países. Esa es la realidad. La Corte de La Haya no podría transgredir dicho tratado salvo que ambas partes accedan a su revisión bajo el presupuesto de otorgar un acceso soberano para Bolivia. Pero antes que eso, la Corte de La Haya podría incluso no tratar el tema dado que la activación del árbitro internacional solo puede darse cuando ambas partes acceden al mismo. Chile no dio su aval para ello, por lo que es probable que el máximo tribunal internacional se declare incompetente para mediar entre ambos países.

Con todas esas dudas sobre el tintero, solo queda desear mejor suerte a nuestros negociadores, encabezados por el prestigioso expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, que asegura que hay elementos razonables para ser optimistas. El proceso puede durar más de cinco años, es decir, hasta 2018 como mínimo. Habrá que esperar hasta entonces para ver si la justicia internacional atiende nuestro reclamo o si, en su defecto, lo sepulta para siempre

Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez Rivero