Tiene que ver con precisiones y un discurso que supone parte importante de lo que ahora se considera una política del Estado respecto al reclamo marítimo boliviano.
La determinación que Bolivia adoptó el pasado sábado 23 marzo, Día del Mar, anunciada por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en sentido de abrir en los próximos días un juicio contra Chile en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, es un paso histórico de significación y de trascendental responsabilidad para el Gobierno.
La demanda que será presentada en La Haya, lugar al cual viajará una comisión oficial de expertos nacionales e internacionales, estaría concluida, y el fondo de la misma versaría sobre el Tratado de 1904, las consecuencias en el orden económico para Bolivia y en realidad un alegato a favor de Bolivia y de su reintegración marítima. Un antecedente de esta nueva estrategia está en la Asamblea Legislativa que levantó la reserva sobre un artículo del Pacto de Bogotá para allanar el camino de la acción ante una corte internacional.
La decisión política adoptada por el presidente Morales, señala un nuevo rumbo que por su magnitud encierra connotaciones históricas y de consecuencias que se conocerán cuando el Tribunal de La Haya adopte una decisión en el proceso, que como tal, posiblemente surta efectos para ambas partes, Bolivia y Chile, sin retorno posible.
Lo importante en todo este nuevo escenario es que hasta donde se conoce se está adoptando, lo que se podría colegir, como una plataforma jurídica internacional que debe ser asumida con la máxima responsabilidad en cuanto al diseño de la demanda como en las etapas que deben cumplirse en el Tribunal y para el cual la Presidencia, según se ha conocido este lunes, está preocupada en lograr un delegado o un experto que se ocupe de los procedimientos internacionales.
Resulta importante la recomendación que ha realizado el Presidente en sentido de cohesionar a instituciones del Estado y el pueblo en general sobre un discurso que deberá ser pronunciado en adelante y que tiene que ver con una serie de conceptos respecto a lo que supondrá el juicio contra Chile y que en realidad también con precisiones de lo que ahora se considera una política del Estado sobre el reclamo marítimo boliviano.
Un discurso único y conceptual a partir de la idea de que los bolivianos hablemos de un reintegración con soberanía al Pacífico, más que de una aspiración o una reivindicación marítima. De otro lado, dejar de lado que en 1879 hubo un guerra y por el contrario, sí una invasión de las tropas chilenas a Antofagasta el 14 de febrero de 1879 y recién el 23 de marzo Eduardo Abaroa organizó un grupo de compatriotas para resistir la invasión. También se deja en claro que la demanda marítima boliviana no es una aspiración sino un derecho de acceder a las costas del Pacífico. Que el 23 de marzo no es de celebración sino de repudio a la usurpación del mar. El Tratado de 1904 fue impuesto, injusto e incumplido. La demanda contra Chile es una política de Estado.
Estas precisiones no sólo son oportunas y responden a la política nacional de Estado sobre el tema marítimo boliviano sino que ellas mismas establecen marcos referenciales del fundamento de la demanda ante La Haya.
Se anuncia que los lineamiento generales del proceso se darán a conocer en los próximos días a los nueve gobernadores y a sectores sociales. Algo que es importante, más aún si el juicio contra Chile siendo política de Estado pervive más allá de los gobiernos.
La demanda que será presentada en La Haya, lugar al cual viajará una comisión oficial de expertos nacionales e internacionales, estaría concluida, y el fondo de la misma versaría sobre el Tratado de 1904, las consecuencias en el orden económico para Bolivia y en realidad un alegato a favor de Bolivia y de su reintegración marítima. Un antecedente de esta nueva estrategia está en la Asamblea Legislativa que levantó la reserva sobre un artículo del Pacto de Bogotá para allanar el camino de la acción ante una corte internacional.
La decisión política adoptada por el presidente Morales, señala un nuevo rumbo que por su magnitud encierra connotaciones históricas y de consecuencias que se conocerán cuando el Tribunal de La Haya adopte una decisión en el proceso, que como tal, posiblemente surta efectos para ambas partes, Bolivia y Chile, sin retorno posible.
Lo importante en todo este nuevo escenario es que hasta donde se conoce se está adoptando, lo que se podría colegir, como una plataforma jurídica internacional que debe ser asumida con la máxima responsabilidad en cuanto al diseño de la demanda como en las etapas que deben cumplirse en el Tribunal y para el cual la Presidencia, según se ha conocido este lunes, está preocupada en lograr un delegado o un experto que se ocupe de los procedimientos internacionales.
Resulta importante la recomendación que ha realizado el Presidente en sentido de cohesionar a instituciones del Estado y el pueblo en general sobre un discurso que deberá ser pronunciado en adelante y que tiene que ver con una serie de conceptos respecto a lo que supondrá el juicio contra Chile y que en realidad también con precisiones de lo que ahora se considera una política del Estado sobre el reclamo marítimo boliviano.
Un discurso único y conceptual a partir de la idea de que los bolivianos hablemos de un reintegración con soberanía al Pacífico, más que de una aspiración o una reivindicación marítima. De otro lado, dejar de lado que en 1879 hubo un guerra y por el contrario, sí una invasión de las tropas chilenas a Antofagasta el 14 de febrero de 1879 y recién el 23 de marzo Eduardo Abaroa organizó un grupo de compatriotas para resistir la invasión. También se deja en claro que la demanda marítima boliviana no es una aspiración sino un derecho de acceder a las costas del Pacífico. Que el 23 de marzo no es de celebración sino de repudio a la usurpación del mar. El Tratado de 1904 fue impuesto, injusto e incumplido. La demanda contra Chile es una política de Estado.
Estas precisiones no sólo son oportunas y responden a la política nacional de Estado sobre el tema marítimo boliviano sino que ellas mismas establecen marcos referenciales del fundamento de la demanda ante La Haya.
Se anuncia que los lineamiento generales del proceso se darán a conocer en los próximos días a los nueve gobernadores y a sectores sociales. Algo que es importante, más aún si el juicio contra Chile siendo política de Estado pervive más allá de los gobiernos.
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