La situación de enclaustramiento marítimo del Estado Plurinacional de Bolivia, como consecuencia de la invasión chilena a nuestro territorio, que derivó en la Guerra del Pacífico y en la suscripción del Tratado de 1904, ha sido siempre de preocupación de los pueblos latinoamericanos, toda vez que los convenios internacionales suscritos como consecuencia de un ataque armado tienen poca cabida para los criterios de la nación perdidosa, quedando las condiciones de aquéllos en función de la utilidad que representan para quienes ganan las batallas. La falta de acceso al mar de Bolivia afecta en gran medida las relaciones comerciales y políticas entre los diversos Estados, razón por la cual es innegable el interés regional o “hemisférico” del caso, tal como determinó la Organización de Estados Americanos (OEA) durante su duodécima Asamblea General, en la que se emitió la Resolución Nº 426 del 31 de octubre de 1979.
La citada resolución declaró que “es de interés hemisférico permanente encontrar una solución equitativa por la cual Bolivia obtenga acceso soberano y útil al océano Pacífico”, y recomendó a ambos Estados iniciar negociaciones encaminadas a otorgar al país una conexión territorial libre al mar. Desde entonces, han transcurrido prácticamente 32 años, en los cuales Chile no ha dado cumplimiento a los puntos resolutivos de la norma.
La estrategia de la Cancillería boliviana, de solicitar la reivindicación de la norma promulgada el año 1979, mediante la votación de los 33 países miembros de la OEA, podría haber sido una importante victoria en la reconducción del proceso de negociación con la República de Chile. Sin embargo, el no haber introducido una resolución que trate este asunto, conforme a las reglas y procedimientos del organismo internacional hasta las 11.00 del día 6 de junio de 2011, causa un perjuicio al propósito que se perseguía.
Si bien el discurso ha sido elocuente y rememorativo respecto de los daños históricos que la ausencia de una salida soberana al mar ha representado para la nación, y en el que se ha denunciado una serie de incumplimientos por parte del país vecino, no ha sido más que una proclamación de quejas y lamentos. En síntesis, no se ha logrado una disposición vinculante que obligue al Gobierno chileno a tratar el libre acceso al mar para Bolivia.
Muchas palabras, pocos resultados. El periódico La Tercera, en la edición electrónica correspondiente al 7 de junio del año en curso, publicó que el equipo consular chileno esperaba el peor escenario, esto es, la emisión de una resolución por parte de la OEA que lo conmine a negociar con Bolivia. “Sin embargo, minutos después, la calma y las risas nerviosas volvieron”, señala la nota, toda vez que se habría desistido del plan original, presentándose simplemente una petición de correr la fecha de la Asamblea de la organización del próximo año, en la ciudad de Cochabamba.
Un inmenso alivio para los representantes del Gobierno de Sebastián Piñera, quienes se limitaron a pasar un mal momento en la 41 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en la que han reafirmado la vigencia y validez jurídica del Tratado de 1904, expresando la soberanía que tienen los países para delimitar el derecho que regulará sus relaciones bilaterales.
Con todo esto, Bolivia ve más lejana la costa marítima.
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