Una vez más hay que hacer referencia a la ausencia de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores del escenario cuando están sucediendo hechos muy importantes.
Así, mientras el responsable de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), cuya función es elaborar propuestas dirigidas a recuperar una salida soberana al océano Pacífico, emite un boletín y hace unas declaraciones de extrema gravedad sobre una presunta estrategia belicista de Chile en la región, que de inmediato fueron secundadas por la presidenta de la Cámara de Senadores que fue más allá al exigir a las naciones de América condenarla sin más, la Cancillería brilla por su ausencia.
La Ministra de Defensa de Paraguay alerta sobre un presunto rearme de las FFAA bolivianas, al amparo de Venezuela, y el Ministro de Defensa boliviano rechaza las acusaciones y, más bien, denuncia el interés paraguayo de que en su territorio, cerca a la frontera con Bolivia, se instalen bases militares de países ajenos a la región (léase Estados Unidos), réplica que de inmediato es avalada también por la titular de la Cámara de Senadores, mientras la Cancillería opta por el silencio.
De acuerdo a pobladores de Suches, cantón ubicado en la frontera con Perú, efectivos policiales y militares de ese país habrían invadido territorio boliviano para apropiarse de maquinaria pesada de un emprendimiento minero, denuncia que es recibida por el Gobernador paceño quien toma cartas en el asunto y exige al Gobierno peruano una explicación al respecto, mientras la Cancillería mantiene su opción por el silencio y ha sido el Ministro de Defensa quien ha anunciado, para hoy, que en su despacho dará una conferencia de prensa.
En el caso del asilo otorgado por Ecuador al australiano Julian Assange, fundador de WikiLeaks, Bolivia, junto a países de la ALBA y la Unasur, ha exigido que Gran Bretaña respete la inviolabilidad de la Embajada ecuatoriana en esa nación ante las amenazas vertidas por ese Gobierno de intervenirla. Hasta ahí bien. El problema surge en el debate sobre si el Reino Unido debe dar o no salvoconducto a Assange, considerando el caso del senador Róger Pinto que ha obtenido asilo en Brasil y el Gobierno no le da salvoconducto para abandonar Bolivia. Curándose en salud, voceros del Gobierno han pedido no comparar ambos casos por cuanto el senador Pinto habría cometido delitos comunes (así no haya sentencia judicial) mientras que Assange no (olvidando que el proceso en contra del australiano es por la comisión de delitos sexuales en Suecia y no por la difusión de documentos estadounidenses reservados). En todo caso, la Cancillería, luego de informar que envió a Brasil documentos probatorios de los delitos del senador, ha optado por... el silencio.
La designación del exministro de Gobierno Sacha Llorenti como representante ante Naciones Unidas ha provocado un debate público en el que han participado los primeros mandatarios, ministros, asambleístas, menos... la Cancillería.
Por el bien del país, es urgente que se devuelva a ese despacho la función que la Constitución y la ley le asignan como responsable de la política exterior. Se trata de un área muy sensible que no puede ser objeto de tantas intervenciones ajenas al sector. De ahí que mantener la actual situación es inadmisible.
