Ha causado sorpresa —por decir lo menos— la designación de un abogado especializado en derecho tributario como Director de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), una entidad creada para estudiar diversas estrategias que permitan abrir nuevos caminos —entre ellas demandas jurídicas— que nos conduzcan a obtener una salida soberana al Océano Pacífico.
La sorpresa surge por dos elementos importantes. Uno, que el nuevo director fue magistrado del Tribunal Constitucional por nombramiento directo hecho por el Presidente del Estado y, luego, candidato seleccionado por la Asamblea Legislativa a esa instancia, habiendo perdido, por un amplio margen, la elección.
El segundo, que una oficina como Diremar lo menos que necesita es de personal no especializado en sus niveles de decisión. El tema del mar es complejo en sí mismo, basta revisar las reparticiones que –para atenderlo— hay en los gobiernos del mundo para comprender aquello. Más aún en el caso boliviano, en el que está de por medio una guerra perdida por la que se nos quitó nuestra cualidad marítima. Y no se trata de evaluar la capacidad profesional de la autoridad nombrada, sino de que no tiene especialización en el tema.
A lo señalado habrá que agregar que el discurso de posesión del nuevo Director de Dinamar no ha sido, precisamente, novedoso. Más bien puede ser comparado con las alocuciones que se lanzan en fechas simbólicas, en las que abundan los lugares comunes y las afirmaciones de efecto, así como la afirmación presidencial de que el nuevo Director de Diremar contaría con el respaldo de la Asamblea Legislativa, extremo, en verdad innecesario, por cuanto, como dispone la Constitución Política del Estado, el Presidente tiene la atribución de dirigir “la política exterior; suscribir tratados internacionales; nombrar servidores públicos diplomáticos y consulares de acuerdo a la ley” (Art. 172/5).
Además, se procede a este nombramiento luego de que el Presidente del Estado sostuviera una reunión con su colega chileno en Asunción —haciendo lo propio sus respectivos cancilleres—, en la que se habría abordado la posibilidad de reimpulsar las negociaciones bilaterales con la agenda de 13 puntos, entre los que se encuentra la demanda marítima boliviana, decisión que si se concreta exigirá de la nueva autoridad marítima enfrentar una carrera contra el tiempo en condiciones poco ventajosas para atender este asunto.
Por lo señalado, no está demás exhortar a las autoridades a que en tema de tanta trascendencia como el marítimo realicen especiales esfuerzos para adecuar la experiencia con la necesidad de formar nuevos funcionarios que se vayan especializando en él. Si hay un espacio en el que la experiencia es fundamental es en el de las relaciones internacionales, en las que no imperan las buenas intenciones sino los intereses fríos.
Asimismo, adoptar la decisión política de desterrar la improvisación y el sectarismo, pues sólo en la medida en que haya unidad de criterios y capacidad de dar prioridad a los intereses del país sobre los personales, por más legítimos que estos sean, se podrá abordar el tema del acceso soberano al mar con más probabilidades de éxito.
