Sería un error garrafal que el Gobierno boliviano adopte una pose triunfalista. Es mucho lo que falta por recorrer, por lo que toda precaución es insuficiente
La nueva estrategia diseñada por el Gobierno para recuperar una salida soberana al océano Pacífico ha logrado, al parecer, desestabilizar al “establishment” chileno que no atina a responder de manera coherente al proceso incoado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
Pareciera que se resiste a atender de manera creativa esta demanda e intenta mantener la idea de que entre Bolivia y Chile no hay problema alguno ni asunto pendiente, cuando el problema existe y es preciso enfrentarlo, como han declarado varias personalidades chilenas que han tenido el valor de opinar con libertad, resistiendo mecanismos de presión político-ideológica existentes.
Aún es prematuro prever el curso de la demanda interpuesta por el país. Pero, lo cierto es que hay condiciones que permiten, por lo menos, tener un moderado optimismo en que puede tratarse de un proceso viable, en la medida en que hay un generalizado apoyo a la causa, como muestra la visita al expresidente estadounidense Jimmy Carter, porque expresa que el país buscará todos los mecanismos pacíficos que se puedan utilizar para recuperar una salida al mar.
En este contexto, no hay acción boliviana que las autoridades chilenas no intenten descalificar y ante la cual adoptan una posición beligerante. Esto se puede explicar a través de dos elementos confluyentes: las nuevas iniciativas bolivianas, que las descoloca, y la errática conducción de las relaciones exteriores en la gestión del presidente Sebastián Piñera, como sostienen la oposición política y diversos analistas chilenos.
Como muestra un botón. Más allá de la descoordinada acción de nuestra Cancillería, la decisión de solicitar, luego de negar que iba a hacerlo, que no se incluya en la agenda de la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el informe que sobre la demanda marítima boliviana deben dar los dos países involucrados debido a que el caso ha sido trasladado a La Haya, quiere ser presentada por Chile como una victoria de su diplomacia. Peor aún, sostienen que al hacer esta solicitud dejaría de tener validez la Resolución 426 de 1979, cuando está claro que ésta podrá ser reactivada por Bolivia una vez que culmine el proceso interpuesto ante la CIJ.
En todo caso, sería un error garrafal que el Gobierno boliviano adopte una pose triunfalista. Es mucho lo que falta por recorrer, por lo que toda precaución es insuficiente. De ahí que es preciso insistir, como se lo ha hecho desde diversos escenarios, en dos aspectos fundamentales. Uno, que las autoridades eviten utilizar este tema como arma de política interna. Hasta ahora, salvo uno que otro exceso cometido por algún funcionario, está siendo conducido con disciplina. El otro, esforzarse por entender las relaciones internacionales como un todo integrado, por lo cual debe haber coherencia en todas las decisiones que se adopten en este ámbito, y esto es más importante aún cuando hay tentaciones de orden ideológico que pueden interferir el buen desarrollo del proceso en el que el país se ha embarcado.
Y en el caso chileno, sus líderes deben recordar la frase de Galileo cuando se lo obligó a abjurar de sus descubrimientos: «Eppur si muove».
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