LA SEMANA pasada, sólo horas después de que Chile entregara a la Corte Internacional de La Haya el documento con el cual refuta los argumentos de Perú para modificar el límite marítimo, el gobierno de Bolivia hizo público que había entregado a ese tribunal una nota diplomática pidiéndole no afectar lo que llamó "derechos expectaticios" de ese país sobre el territorio marítimo que es objeto de la demanda presentada por Perú en contra de Chile. Ello, en virtud de la aspiración boliviana de eventualmente obtener una salida al mar.
Si bien La Paz pidió expresamente no ser considerada un tercer actor en el juicio, el gobierno chileno reaccionó de inmediato ante la nota paceña recalcando que "Bolivia carece de todo fundamento jurídico para reclamar un acceso soberano al Océano Pacífico por territorios que pertenecen a Chile". Esta respuesta fue tan oportuna como acertada, pues Chile sustenta su postura -como volvió a puntualizar la Cancillería en esta ocasión- en que su frontera con Bolivia quedó fijada definitivamente en el Tratado de Paz y Amistad de 1904 y en que ese país no es parte de los tratados de 1952 y 1954 que fijan el límite marítimo entre nuestro país y Perú.
En todo caso, la nota presentada por Bolivia también sirve para recordar a los jueces de La Haya que su fallo en el juicio entre Chile y Perú lleva implícitas consecuencias para la región. Ecuador ya demostró el punto cuando hizo ver al tribunal que su límite con Perú está definido a partir de un criterio distinto (la línea del paralelo) al que este país quiere aplicar ahora en su límite con Chile (la línea bisectriz), y en función de los mismos tratados. La pretensión boliviana podría abrir la puerta a escenarios aún más complejos y potencialmente conflictivos para la región, algo que el tribunal internacional podría tener en cuenta en sus deliberaciones.
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