Albert Einstein solía decir que un problema sin solución es un problema mal planteado. En alguna oportunidad ya sostuve que, aparentemente, esto es lo que pasa con el así denominado problema marítimo boliviano. No se trata de un problema de ayer, por lo tanto obsoleto, o de hoy, consecuentemente, efectivo, sino que es también un problema del futuro porque afectará necesariamente a dos países que, juntos, pueden tener un mañana mejor, en amistad, justicia, seguridad y desarrollo.
Tampoco es un problema sin solución, pues es un problema que debe tomar en cuenta el equilibrio de intereses tanto de Chile como de Bolivia dentro de un marco de racionalidad política que resulte en un pacto de largo alcance que permita la cooperación entre dos países que se complementan económicamente de cara hacia un futuro político compartido.
Definiendo el concepto de soberanía territorial, concebimos que un Estado sea soberano respecto de un territorio en la medida en que goza del derecho de cederlo a terceros. El calificativo de “soberano” se aplica tanto a un Estado que sólo tiene competencia para ceder dicho territorio a un tercero como a aquel otro que goza sobre el territorio en cuestión de todas las competencias que el derecho internacional le puede otorgar.
Por supremacía territorial se comprende los derechos o competencias territoriales que un Estado posee respecto del territorio de un Estado extranjero. Un Estado puede concertar un tratado con otro a fin de otorgarle competencias en un sector de su territorio y permitirle efectuar actos de autoridad en lo correspondiente a las competencias cedidas. En la práctica convencional es posible hallar ejemplos de arrendamientos, administraciones de territorio y otras figuras análogas. Existen casos en que un Estado ha transferido a otro el ejercicio íntegro de sus competencias respecto de un cierto territorio, reservándose sólo la facultad de su cesión a un Estado extranjero.
En Chile resulta difícil y complicado, aunque no imposible, que algún gobierno se anime a disminuir su territorio para entregar una parte a Bolivia. En el supuesto caso de que lo hiciese por la parte norte de su territorio (al sur de la Línea de la Concordia), entonces operaría la palanqueta peruana de 1929 que le permite terciar en la solución del problema bilateral y ejercer influencia en función de sus propios intereses.
Si el concepto de soberanía presenta problemas a Chile y Perú con relación al problema marítimo boliviano, el concepto de supremacía allana esos problemas puesto que ni el orden jurídico interno chileno o el artículo primero del protocolo de 1929 colisionan con el concepto de supremacía territorial.
Restaría, entonces, que Bolivia, como una aproximación a la consecución de su objetivo en materia de política exterior de retornar al Pacífico como un país con costa propias, admita considerar una solución al problema marítimo boliviano mediante un acceso útil, libre y con supremacía territorial al océano Pacífico.
Tal vez no sea la solución óptima que buscamos, pero sería un paso adelante hacia ella. No se trata de pragmatismo, que es algo que les gusta a los empresarios cuando plantean un enclave, soberano o no, con el fin de activar más el comercio. Se trata de ser realistas dentro de una nueva racionalidad política que tome en cuenta los intereses de ambos países en función de una solución, por ahora, sub-óptima y que, con el pasar del tiempo, podría convertirse en óptima. Dadas las actuales circunstancias que condicionan el problema, un planteamiento de “o todo o nada” no parece ser lo más aconsejable.
Internacionalista
Fernando Salazar Paredes
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