Una de las formas más eficientes para lograr un objetivo determinado en una argumentación es, basado en un hecho cierto, hacer afirmaciones que nada tienen que ver con las razones del interlocutor. No hay peor mentira que una media verdad.
A esto se debe añadir que es parte de la habilidad argumentativa llevar al otro al terreno de lo que uno quiere discutir. Si las razones del adversario son demasiado poderosas no conviene entrar a discutir esas razones, porque en ese terreno las posibilidades de éxito son muy pequeñas o nulas. En consecuencia, hay que salir de ese escenario y forzar al otro a cambiar de ‘campo de juego’ para que lo que se discuta sea lo que a uno le interesa, aquello que por excéntrico que sea al verdadero meollo de la cuestión, permita distraer a quienes escuchan el debate. Aún más, hay que conseguir que la contra argumentación no sólo deje de lado lo verdaderamente importante, sino que acabe volcándose en contra del rival.
A fuerza de provocar es posible sacar de quicio al contrario y obligarlo a discutir en el lugar deseado y sobre los temas que se quieren discutir. Si es posible enredar las cosas lo suficiente como para que además entre en contradicciones, o acabe reconociendo implícitamente los falsos supuestos, tanto mejor.
Chile quiere hacerle creer al mundo que, sobre un hecho real, la firma del Tratado de 1904, porque sus autoridades lo dicen la demanda boliviana se basa en el desconocimiento del mencionado tratado. No, una y cien veces no; la demanda no se basa ni directa ni indirectamente en ese tratado.
Chile quiere que Bolivia muerda el anzuelo del supuesto ‘acceso al mar’, y para ello se esmera en una larga serie de argumentos a propósito del libre tránsito. A su equipo jurídico le gustaría muchísimo que Bolivia cayera en la trampa y que no sólo respondiera al envite, sino que se enzarzara en consideraciones sobre el incumplimiento del tratado. Hacerlo sería ni más ni menos que una ingenuidad de colegiales.
Tenemos como base una demanda cuya consistencia jurídica es muy alta y que está en las antípodas de cuestionar parcial o totalmente tratados, como para entrar a discutir cuestiones de burocracia fronteriza, costos de almacenaje o dificultades de aforo. Ése no es el tema de la demanda boliviana y, por tanto, no hay ni una sola palabra que decir sobre ello, por la simple y sencilla razón de que lo que Bolivia plantea está referido a los compromisos hechos reiteradamente por el Estado chileno a lo largo de casi un siglo, al margen y sin tocar el Tratado de 1904.
Lo que el país debe hacer y esta haciendo a través de la posición del Presidente y nuestras principales autoridades y también a través de la responsabilidad que se nos ha encomendado, es decirle al mundo el qué y el porqué de nuestra demanda, pero sobre todo insistir sin pausa en dos ideas fundamentales. La primera, Bolivia respeta el Tratado de 1904 y respeta el orden internacional que generan los tratados entre Estados. La segunda, Bolivia basa su demanda en las promesas formales de Chile que le ofreció a nuestro país en reiteradas oportunidades un acceso soberano al mar. En este punto vale la pena subrayar que en ningún caso hablamos de conversaciones preliminares o informales, nos referimos a compromisos oficiales firmados por las más altas autoridades de Chile que, por ello, comprometieron la fe del Estado chileno. La obligación emanada de esos compromisos tiene vigencia, independientemente de las razones por las que no se hayan concretado, porque el hecho demandado es que esas promesas formales y oficiales no se hicieron realidad.
Chile, en el video que ha presentado a consideración de la opinión pública internacional, insiste en argumentos que son los únicos que sustentan su demanda preliminar de incompetencia ante la Corte de La Haya. Sus gobernantes detallan esos argumentos que además repiten en diversos escenarios bilaterales y multilaterales, buscando confundir a la opinión internacional. Es imperativo para Bolivia desvirtuar esas acciones, no sólo porque se trata de una causa nacional sino, y esto es lo más importante, porque tergiversan lo que Bolivia plantea. No es un debate de un argumento contra otro sino, por el contrario, es una acción deliberada y a sabiendas de que quiere hacerle decir a nuestro país algo que la demanda no dice ni remotamente. Ése es el tema más grave, que a quien no conoce este diferendo en profundidad, es relativamente sencillo hacerle creer que la base de nuestro juicio pone en riesgo el orden jurídico internacional.
Que no quepa duda de que entendemos perfectamente esa estrategia y que el pilar sobre el que nos movemos, tanto en el ámbito de nuestros encuentros oficiales como en el de la difusión internacional y pública de nuestra causa, está anclado única y exclusivamente en nuestras razones jurídicas y en el terreno único y posible de una controversia, discutir las razones verdaderas y no las razones inventadas malintencionadamente por una de las partes.
Por eso, en las visitas que hemos realizado en estos meses hemos reforzado ante la comunidad internacional la explicación de los argumentos jurídicos que explican el sustento de nuestra causa. Es un imperativo dar a conocer en todos los foros y por todos los medios de difusión masiva a nuestro alcance, las razones que nos asisten, para que las medias verdades no sean una constante en La Haya.
