La decisión de Chile de objetar la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para procesar la demanda boliviana en su contra era previsible, procedente, pero conservadora. Procedente, porque por principios jurídicos universales, en un juicio las partes tienen el derecho de objetar competencias, como explicó en Puntos de Vista un reconocido abogado. Pero, conservadora porque al asumir esta postura, Chile pierde una nueva oportunidad de saldar diferencias con un país vecino con el que, si no hubiera el obstáculo del enclaustramiento, podría mantener excelentes relaciones porque, incluso pese al importante diferendo, tiene complementariedades importantes.
Es más notoria esta defección cuando muchas personalidades lúcidas del vecino país más bien sugirieron inaugurar una nueva etapa con Bolivia proponiendo, por un lado, no asumir las posturas triunfalistas que caracteriza a muchos sectores chilenos en este tema, y, por el otro, aprovechar la oportunidad, como se ha señalado, para transitar el camino que conduzca a acuerdos de amplio alcance con Bolivia.
Tan es así que pese a la retórica del estamento gobernante de que en el campo de la política exterior prima una visión de Estado en Chile, incluso un periódico como El Mercurio, que tradicionalmente expresa a las posiciones más conservadoras y retrógradas de la Cancillería chilena, sostiene que prevaleció “la decisión de la Presidenta de la República sobre la opinión de quienes sugirieron que la alegación de la falta de competencia se debía incluir en la contramemoria, reforzando el contexto de esa presentación y los alegatos posteriores. Se argumentaba también que la postergación evitaba el riesgo de un rechazo que le concedería una victoria procesal a Bolivia”.
Pero, también hay que anotar que El Mercurio lanza una velada amenaza: “Estos argumentos nos parecieron siempre discutibles porque nadie puede garantizar un fallo favorable o desfavorable en uno u otro caso, y más vale saber desde los inicios si la Corte se arrogará o no una competencia que no le pertenece y que Chile desconoce”.
La respuesta del Presidente de Bolivia ha sido contundente. Ratifica la legitimidad de la demanda presentada, destaca las contradicciones de Chile en relación a nuestro enclaustramiento y asegura que el país “mantiene su confianza en la Corte y sus jueces, los únicos competentes para resolver este incidente también en el concepto de que la Corte resuelve pacíficamente las controversias reparando las injusticias a través del derecho internacional”.
En cuanto al proceso, una vez que Chile presente las “objeciones preliminares”, se suspende el juicio de fondo y se abre un “mini juicio”, con participación de las partes. El proceso puede durar hasta un año y medio, cuando la CIJ emita una resolución. Si acepta la objeción, termina el proceso; si la rechaza, éste continúa.
En todo caso, no está demás lamentar la defección política y social de la mandataria chilena en un tema en el que podría emerger como una líder continental. Más bien, decide sucumbir ante lo más tradicional de su país, como demuestran, por lo demás, las reacciones de sus líderes políticos ante la declaración del presidente Evo Morales.
