HACE UNOS días, el mandatario boliviano Evo Morales señaló que en febrero próximo viajará a la Corte Internacional de La Haya, con el propósito de recopilar información para evaluar una eventual demanda marítima contra Chile ante ese organismo. El anuncio evidencia una vez más la actitud que ha mantenido el gobierno de La Paz en esta materia durante el último tiempo, que no contribuye a generar espacios de diálogo bilateral.
En particular, no existen los argumentos jurídicos para interponer una acción de este tipo, pues para que ello ocurra debe existir una controversia concreta que en el caso de Chile y Bolivia no se configura, ya que todos los aspectos limítrofes pendientes entre ambas naciones quedaron resueltos por el Tratado de Paz y Amistad de 1904. Por ende, una iniciativa en esta línea sólo se presta para indisponer las relaciones diplomáticas y condicionar los avances de una agenda conjunta.
Además, la decisión de Evo Morales de ir personalmente a La Haya a recabar antecedentes aprovechando la ceremonia de renovación de algunos jueces de la corte puede resultar contraproducente con los objetivos e intereses de Palacio Quemado, toda vez que su visita, inédita de un mandatario, puede ser interpretada por los miembros del tribunal como una medida de presión política, considerando que éstos se caracterizan por cuidar celosamente su carácter independiente y apegado al derecho.
Ante el anuncio del gobierno boliviano, el Ejecutivo chileno respondió a través de la Cancillería que ese país "sufrirá las consecuencias" en caso de concretarse la medida. Que Santiago reaccione a la decisión de Bolivia con declaraciones de este tenor no parece ser el camino más adecuado. Lo que sí corresponde es que se reafirme de manera clara y unívoca la postura chilena al respecto, la cual tiene sólidos antecedentes jurídicos e históricos.
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