Las autoridades de gobierno deben comprender que todas sus acciones deben estar subordinadas a la estrategia adoptada para satisfacer nuestra demanda marítima
Este 23 de marzo, en que recordamos la acción heroica de Eduardo Abaroa defendiendo el territorio nacional, nos encontramos con un generalizado sentimiento optimista respecto a la posibilidad de que se abra una nueva oportunidad para recuperar una salida soberana al Océano Pacífico una vez que Chile se avenga a negociar de buena fe la atención de esta legítima demanda nacional.
¿Cuál es la razón de este sentimiento optimista? La demanda que el país ha presentado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que sobre la base de varias ofertas que ha hecho Chile en el tiempo transcurrido al país para darle una salida soberana al mar, se le obligue a negociar de buena fe. Se trata de una estrategia novedosa que ha logrado, probablemente por primera vez en esta historia, descolocar a la diplomacia chilena que se ha movido en medio de declaraciones inconsistentes y falsas, al punto que ha provocado incluso pugnas internas. A la inversa, la estrategia adoptada por Bolivia ha recibido un generalizado respaldo ciudadano y, lo que es muy importante, salvo excepciones en el campo oficialista y opositor, ha sido respetada y no utilizada para fines internos de corto plazo, como se puede apreciar en el suplemento que sobre el tema publicamos hoy.
Es necesario anotar, asimismo, que ese optimismo se mantiene pese a la solicitud de incompetencia presentada por Chile para que la CIJ no atienda el caso, y que recién se resolverá en los próximos meses, después de los cuales recién comenzará, si la CIJ rechaza esa apelación chilena, el proceso de fondo propiamente dicho.
En este contexto, es necesario ratificar en esta fecha la necesidad de que este tema reciba la atención y la prioridad que merece, lo que significa mantenerlo al margen de la disputa política interna y, sobre todo, controlando, particularmente en el ámbito del Órgano Ejecutivo, que trate de ser utilizado con fines personales de figuración, así como convertirlo en un objeto de chauvinismo sin sentido, tentación en la que caen algunos funcionarios gubernamentales amantes de la parafernalia autoritaria.
Pero, también se debe hacer notar que uno de los factores que ayuda a que la estrategia que se comenta tenga fuerza es que es ejecutada por un gobierno que ha sido elegido mediante el voto popular y en el que impera el sistema democrático.
Por ello, acciones como las adoptadas por el Tribunal Nacional Electoral, que afectan la realización de elecciones libres y transparentes, pueden convertirse en peligrosos antecedentes que deslegitimen la voz del Estado nacional, y, sobre todo, que afecten la unidad alcanzada alrededor de la estrategia de retorno al Pacífico.
Es decir, las autoridades de gobierno deben comprender que si en verdad dan prioridad a la estrategia adoptada para satisfacer nuestra demanda marítima todas las acciones internas e internacionales que desarrollen deben estar subordinadas a su consecución. De lo contrario, la ciudadanía, que ya soporta elevados niveles de incertidumbre por demasiadas actitudes antidemocráticas del régimen, no tolerará una nueva frustración en el tema de la demanda marítima si ésta se debe a errores de los dirigentes gubernamentales.
