Cuando el 24 de septiembre la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, emitió su fallo declarándose competente para considerar el caso Bolivia vs. Chile, por decisión del voto positivo de 14 jueces contra dos disidentes, con toda razón resonaron las trompetas de la victoria en La Paz, provocando desazón en Santiago, donde un malabarismo semántico distorsionó la determinación judicial en un consuelo ingenuo, encastrado en la expresión de su presidenta “Bolivia no ha ganado nada”.
En cambio en La Paz, en desfile amorfo, personajes de todo color se declaraban padres de la victoria, incluyendo a uno que sostiene que ya en el 2000 habría escrito confidencialmente sobre “los actos unilaterales de los Estados”. A esa perla hay que añadir declaraciones de ilustres estadistas latinoamericanos, la invocación del papa Francisco en favor del diálogo, las sagaces gestiones del vocero de la demanda marítima boliviana en el exterior, el entusiasmo de los movimientos sociales y otros factores positivos que se manifestaron en favor de la demanda boliviana. Todo ello muy útil para concientizar al mundo acerca de esa justa causa.
Sin embargo, en rigor a la verdad, ninguno de esos gestos tuvo (ni tendrá en el futuro) un ápice de influencia en las decisiones de la CIJ. Y precisamente por esta circunstancia tiene alto valor el fallo que declara competente al máximo tribunal internacional de la ONU para tratar la demanda marítima boliviana; sentencia que es, tanto en su preámbulo de premisas como en su parte resolutoria, una admirable pieza de arquitectura jurídica que ni siquiera Chile pudo objetar.
No obstante, este primer paso tan auspicioso no es nada más que una etapa procedimental, porque la batalla comenzará —realmente— cuando se trate el fondo de la demanda, the merits, en inglés. De allí que el motivo de regocijo antes mencionado fue innecesariamente sublimado y traducido en apoyos externos totalmente superfluos, como lo es una encuesta que tabulaba el porcentaje atribuido a cada uno de los fautores del éxito.
Ciertamente, sin el coraje político del presidente Evo Morales para presentar la demanda a la corte de La Haya, las gestiones posteriores obviamente no hubiesen tenido lugar. Me pregunto cuál hubiese sido la reacción en el país si la objeción preliminar chilena hubiera sido aceptada. Seguramente rodarían las cabezas de chivos expiatorios. Es preciso recordar que los argumentos elaborados principalmente por el equipo internacional de abogados y la presentación oral de éstos complementaron la exitosa arremetida boliviana. Entonces, el gran ganador de la contienda fue el derecho, cimentado en las doctas opiniones de la CIJ. Por lo tanto, insistir en que hubo un derrota chilena solo crea anticuerpos contraproducentes, que podrían inducir a los jueces de la CIJ a buscar en su futuro fallo un equilibrio que denote su imparcialidad.
En otro nivel, las invocaciones del presidente Morales y del agente Eduardo Rodríguez Veltzé para entablar un diálogo directo con Chile se inscriben en los usos diplomáticos más sofisticados y efectivos. Se ve con preocupación que la satisfacción popular por el fallo conlleva también a utilizar la algazara en la politiquería cotidiana, ya sea como estandarte oficialista en el referendo venidero o como arma de mal gusto por la Alcaldía paceña opositora cuando opta por condecorar a los gestores más conspicuos del trámite marítimo, minimizando al Canciller, quien, en rigor, es el jefe de aquellos.
El laborioso logro de haber forjado una política de Estado en torno al problema marítimo debe ser preservado con suma cautela hasta que las audiencias en la Corte Internacional de Justicia se reasuman el 25 de julio de 2016.
